El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados urgió al gobierno federal a destinar recursos suficientes para salvaguardar la vida y los bienes de las personas afectadas por las lluvias e inundaciones en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.
Reafirmó que la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue una irresponsabilidad y subrayó que ahora el gobierno federal tiene la obligación de reparar la infraestructura carretera, de telecomunicaciones y salud pública en los cinco estados referidos.
La bancada priista, encabezada por René Juárez en el Palacio de San Lázaro, exigió fortalecer los trabajos de búsqueda para localizar a las personas desaparecidas en Chiapas y Tabasco, además de poner en marcha un programa de asistencia a quienes perdieron familiares y patrimonio.
“No es correcto que la población tenga que lidiar con la incertidumbre por la falta de apoyo gubernamental, específicamente para proteger la vida e integridad de los mexicanos; la recuperación de su patrimonio y el incumplimiento de protocolos de actuación, que prevengan contagios del covid-19, pues tanto Chiapas como Tabasco tienen altos índices de casos y defunciones por coronavirus”, puntualizó.
Sostuvo que la presencia de funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener), Pemex, la Comisión Nacional del Agua (Conagu), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil no ha dado resultados frente a las inundaciones.
Los diputados federales del PRI remarcaron que México es uno de los países a nivel mundial con más pérdidas derivadas de fenómenos naturales, pues con base en datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), durante las últimas décadas las catástrofes han dejado daños con un costo promedio anual de 14 mil millones de pesos.
Subrayaron que destruir el fondo presupuestal para atender desastres naturales fue un error, pues la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador jamás ofreció una alternativa para resarcirlo.
El decreto presidencial para extinguir los fideicomisos establece que, a partir del 1 de enero de 2021, el gobierno federal debe transferir recursos a través de sus diversas secretarías de Estado para apoyar a la población damnificada. Sin embargo, advirtieron que “no existen reglas de operación que garanticen la eficiencia, eficacia, equidad y transparencia en el uso de recursos públicos, como sí las había en el Fonden”.
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