La Procuraduría Fiscal de la Federación integra expedientes y elementos de prueba para solicitar a más tardar en septiembre u octubre diversas órdenes de aprehensión contra probables responsables de defraudación fiscal y “lavado” de dinero.
Así lo confirmó el titular de esa instancia, Carlos Romero Aranda, al exponer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados los resultados de la reforma fiscal penal.
“Va a tener en este año asuntos con prisión preventiva oficiosa de delitos contra la seguridad nacional; es decir, las personas físicas o morales que incurrieron en delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, artículo 108. Hay elementos para órdenes de aprehensión y en septiembre u octubre podamos obtener resultados, y también al inicio del próximo año”, puntualizó.
"Factureras" representó 500 mil mdp de defraudación de 2014 a 2018
En reunión virtual con los integrantes de la referida comisión legislativa, el procurador fiscal subrayó que la operación de las llamadas “factureras” llegó a representar cerca de 500 mil millones de pesos de defraudación al año entre 2014 y 2018.
Sostuvo, sin embargo, que hoy se ataca a dichos grupos delictivos y se persiguen los flujos de dinero en un trabajo coordinado con todas las autoridades.
Romero Aranda indicó que actualmente se integran los expedientes y elementos de prueba para realizar las investigaciones en dos vías: por defraudación fiscal y por lavado de dinero como delincuencia organizada.
Al responder a los cuestionamientos de los legisladores, el funcionario detalló que la actual administración ha presentado alrededor de 300 querellas por diversos montos a causa de defraudación y otros delitos fiscales y financieros.
Dijo que la reforma fiscal penal permite a la procuraduría a su cargo utilizar los llamados “criterios de oportunidad” para llegar a las cabezas delictivas, es decir, a quien contrató a las personas que firmaron y realizaron las acciones.
En delitos fiscales por delincuencia organizada también se aplica el criterio de oportunidad, pues abre el camino para llegar al contador y asesor financiero del grupo criminal, para lo que se puede ofrecer minimizar las penas o no ejercer acción penal contra prestanombres, siempre y cuando diga quién es la cabeza de esa corporación criminal.
Romero Aranda informó que hasta ahora se han firmado acuerdos reparatorios por 12 mil millones o 13 mil millones de pesos con contribuyentes que se acercaron a negociar para evitar la querella y propusieron regularizar su situación fiscal.
Según dijo, tan solo uno de ellos pagó nueve mil millones de pesos y otros, incluso, anticiparon sus contribuciones a efecto de evitar la acción penal.
Aclaró que el acuerdo reparatorio se realiza una sola vez y, de no cumplir posteriormente, los contribuyentes enfrentarán un juicio penal y sentencia.
jlmr