En el último año la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Hidalgo atendió a nueve mil 960 niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, de acuerdo con la titular del área, Laura Karina Ramírez Jiménez.
Indicó que las principales situaciones de violencia que enfrentan los menores de edad, las cuales ameritan el acompañamiento de la Procuraduría, son la violencia familiar, “es lo que más ocurre y lo que más afecta a niñas y niños, los delitos de carácter sexual y cuestiones de omisión de cuidado, de abandono”.
Señaló que en la violencia familiar los menores sufren violencia física y violencia psicológica, “todavía se sigue teniendo esta idea de que una manera de disciplinar es a través de golpes, de regaños, de insultos y esto sigue siendo muy normalizado”.
Agregó que la violencia sexual sigue siendo muy recurrente, sobre todo, dijo en el núcleo más cercano de niñas y niños, “y las cuestiones de abandono o de omisión de cuidados”.
Karina Ramírez subrayó que tienen que cuidar ciertos aspectos del contexto de la naturalización de la violencia pues apuntó que “a veces en algunos municipios o en algunas comunidades es común ver a niñas o adolescentes embarazadas y dicen: ah pues ya se casó ya va a tener su familia cuando eso es un delito, creo que esos son como los retos, pero igual hay niñas y adolescentes que detectamos en Pachuca, en los municipios más conurbados”.
Entre las atribuciones de la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia están el fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia.
Además de denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en agravio de niñas, niños y adolescente; además de solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes tres horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente.
Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente.