La desarticulación de 50 células delictivas dedicadas al narcomenudeo, la extorsión y actividades relacionadas con el robo de hidrocarburos, así como la ejecución de 4 mil 434 órdenes de aprehensión en cuatro años, fueron parte de los resultados que presentó el procurador de Justicia de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbún, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, en la que también destacó avances en el combate a la corrupción, la violencia de género y la identificación de personas desaparecidas.
En el periodo informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ejecutó mil 163 órdenes de aprehensión, mientras que las acciones contra el secuestro derivaron en nueve sentencias con penas de hasta 160 años de prisión. Según las cifras expuestas por el funcionario, la incidencia de este delito disminuyó más de 54 por ciento, además de que fueron rescatadas nueve víctimas durante el último periodo y 51 a lo largo de cuatro años.
Como parte de las investigaciones contra las redes criminales, la institución realizó mil 298 cateos y obtuvo la vinculación a proceso de 2 mil 490 personas por delitos relacionados con narcóticos, entre ellos cannabis, metanfetamina, cocaína y cristal. También fueron detenidos y procesados 26 objetivos prioritarios considerados de alta relevancia por su actividad delictiva, de los cuales 14 operaban en regiones como Tula de Allende y Pachuca.
En materia de robo de vehículos, Fernández Hasbún informó que durante el último año fueron recuperadas mil 811 unidades, de las cuales 962 ya fueron devueltas a sus legítimos propietarios, mientras que las restantes permanecen a la espera de que las víctimas acrediten la propiedad. En cuatro años, la cifra acumulada de vehículos recuperados llegó a 7 mil 558, resultado que, de acuerdo con el procurador, contribuyó a una reducción de 26.61 por ciento en este delito, mediante acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La estrategia de procuración de justicia también incluyó medidas para agilizar la atención a las víctimas y evitar que tengan que trasladarse hasta las instalaciones ministeriales para iniciar sus procesos. Para ello, se consolidó el portal Denuncia en Línea, que permite presentar denuncias desde cualquier lugar con conexión a internet, y se fortaleció la mediación a distancia mediante videoconferencias para facilitar la conciliación y la reparación del daño.
A través de los mecanismos de justicia alternativa se alcanzaron 16 mil 257 acuerdos reparatorios, que permitieron restituir más de 273 millones de pesos a las víctimas. Además, se concretaron 389 procedimientos abreviados con reparaciones superiores a 21 millones de pesos, con la finalidad de reducir los tiempos de resolución y evitar procesos judiciales prolongados.
En el combate a la corrupción, el procurador reportó 282 vinculaciones a proceso contra exservidores públicos durante los cuatro años de gobierno, de las cuales 78 correspondieron al periodo informado. Entre los casos destacó el de 46 expresidentes municipales, 11 de ellos vinculados a proceso durante el último periodo, como parte de las investigaciones por conductas que afectan el patrimonio público.
A estos resultados se suman 32 sentencias de extinción de dominio para recuperar bienes utilizados en actividades ilícitas, con la finalidad de devolverlos al patrimonio público. Las cifras presentadas colocan el combate a los delitos cometidos desde el servicio público entre los rubros centrales del balance de la institución, aunque el número de procesos judiciales no equivale por sí mismo a una medición del monto total recuperado ni de la reparación del daño causado.
En materia de violencia de género, la Procuraduría obtuvo nueve sentencias por feminicidio, con penas de hasta 50 años de prisión, así como una condena de 56 años por desaparición agravada y otra de 75 años por trata de personas en la modalidad de trabajos forzados. Esta última fue presentada por el funcionario como un precedente nacional en la protección de los derechos de las mujeres.
Durante los cuatro años de gobierno, la institución vinculó a proceso a más de 5 mil personas señaladas por delitos de violencia sexual y contra la familia, de las cuales mil 722 correspondieron al periodo informado. A través de la colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también se fortalecieron las investigaciones sobre trata de personas mediante el rastreo de operaciones de lavado de activos.
La modernización de las capacidades periciales y de investigación fue otro de los ejes del informe, con inversiones en infraestructura forense, un centro de datos, equipo táctico, drones y herramientas de inteligencia. La institución mantiene certificaciones internacionales ANAB en cinco áreas especializadas, según lo expuesto durante la comparecencia, entre ellas genética forense, química, lofoscopía, armamento y balística, además de criminalística de campo.
En el ámbito de identificación humana, el procurador informó que fueron identificados 161 cuerpos y restos humanos, mientras que otros 176 fueron restituidos a sus familias mediante el Plan Humanitario de Identificación, con la participación del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Búsqueda y organismos internacionales. El laboratorio de genética forense avanzó, además, a la segunda fase del sistema CODIS, que permite ampliar la capacidad de comparación de perfiles genéticos y reducir los tiempos de análisis.
La cooperación internacional incluyó vínculos con agencias del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como con organismos de Naciones Unidas, para capacitar al personal en el rastreo de armas de fuego, la identificación de drogas, la investigación de la trata de personas y el lavado de activos. Entre los apoyos recibidos destacó la donación de siete escáneres dactilares portátiles para tareas de identificación humana.
Finalmente, con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del INEGI, Fernández Hasbún señaló que Hidalgo registró 59 mil 536 determinaciones o conclusiones de carpetas de investigación durante 2025, cifra con la que se ubicó en el noveno lugar nacional en ese rubro. También reportó 70 mil 58 expedientes iniciados mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, indicador que refleja la carga de trabajo institucional y el uso de vías distintas al proceso penal para resolver conflictos.
El balance presentado por el procurador reunió cifras de detenciones, sentencias, recuperación de bienes, atención a víctimas y modernización forense. Los datos dimensionan la actividad de la dependencia, mientras que la evaluación integral de sus resultados requiere distinguir entre investigaciones iniciadas, personas vinculadas a proceso, sentencias obtenidas y reducciones delictivas, indicadores que miden etapas diferentes del sistema de justicia.