Mochila Segura, el programa del gobierno federal para prevenir la violencia y el uso de drogas en las escuelas del país, ha operado a discreción y sin reglas específicas desde 2001, denunció el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.
En la actualidad hay decenas de amparos promovidos por padres de familia en todo el país en contra de dicho operativo, dos de ellos están a la espera de una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El operativo arrancó sin ese nombre en el municipio de Tecate, donde se efectuaron toques de queda en las escuelas, ante los hechos violentos que se suscitaban en esa región. El mismo año el operativo se replicó en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
En 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció la “guerra” contra el narcotráfico, el operativo Mochila Segura se institucionalizó y recibió recursos del gobierno federal para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009.
“Fueron los años en que la guerra fue un negocio, en donde estaba involucrado Genaro García Luna, quien ‘licitaba’ arcos metálicos y policías privados para la realización de estos operativos en todo el país”, dijo Juan Martín Pérez. “La guerra fue un gran negocio y los niños no quedaron ajenos a ello”.
Algunos de los operativos también incluían paquetes antidoping que se aplicaron en las escuelas preparatorias y algunas universidades privadas.
En 2010, dicho operativo dejó de recibir recursos de la federación y su operación continúo de manera parcial y a discreción de las autoridades estatales y municipales en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Estado de México.
Las revisiones entonces comenzaron a ser efectuadas por policías municipales, estatales y en el año que terminó, lo hacían elementos de la recién formada Guardia Nacional.
El 18 de enero de 2017 un adolescente disparó en contra de sus compañeros y su maestra en Monterrey, Nuevo León. Luego de ello se quitó la vida. El evento propició el relanzamiento del programa en más ciudades de Nuevo León y Ciudad de México, lo que propició decenas de amparos de padres de familia inconformes por la medida efectuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Solo dos de ellos han llegado a la Suprema Corte de Justicia.
El 29 de julio de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2019 a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por violar los derechos humanos de los estudiantes con la acción de dicho programa, pues “representa una política criminalizadora contra la niñez mexicana”.
En la recomendación, derivada de dos quejas, se concluyó que en esos operativos se violentan los derechos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los estudiantes de los centros escolares de la capital del país.
La CNDH recomendó suspender dicho programa para el ciclo escolar 2019- 2020, lo que no se ha cumplimentado.
Otras recomendaciones se efectuaron en los estados de Chiapas, Zacatecas, Yucatán, Guanajuato y Puebla por el mismo operativo. En este último la Comisión Estatal se pronunció en contra del abuso de policías municipales que inspeccionaron a menores de edad al interior de los baños de una escuela en la localidad de Mazapiltepec de Juárez.
ledz