El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2014, conocido como Proigualdad, comenzará a gestarse, dijo la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, quien anunció, el pasado 29 de mayo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en julio comenzarán los diálogos para la construcción del programa, cuyo objetivo es definir las políticas públicas a corto, mediano y largo plazos para alcanzar el bienestar y desarrollo de las mexicanas.
El Proigualdad debe obedecer e integrarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) que presentó el 1 de mayo López Obrador. El PND delinea las metas, objetivos, estrategias y prioridades que regularán el accionar del gobierno federal, entre ellas se encuentra pugnar por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Al Inmujeres, de acuerdo con su ley, le corresponde proponer el Proigualdad, además de establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para promover las políticas, acciones y planes que se establezcan en el programa.
Tanto las dependencias y entidades de la administración pública federal, los órganos de impartición de justicia federal, así como en el Congreso de la Unión deben cumplir con los objetivos del programa.
Su implementación debe revisarse cada tres años por el instituto de las mujeres y los informes anuales que emite el Ejecutivo deben contener el estado que guarda la ejecución del mismo, indica la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De acuerdo con la doctora Nadine Gasman recolectarán las necesidades y demandas de las mujeres de las 32 entidades federativas para plasmarlas en el Proigualdad. Con esto se espera que en noviembre de 2019, marcaron las autoridades, se firme el “Acuerdo Nacional por la Igualdad”.
En la construcción del programa también participan las académicas, defensoras de derechos humanos e integrantes de organizaciones civiles que conforman el Consejo Consultivo del Inmujeres. Según la ley del instituto, las integrantes de este órgano auxiliar deben fungir como asesoras y consultoras para la creación del Proigualdad.
El reto será que el programa impacte en la vida de las mujeres y niñas. Si se considera la evaluación que publicó este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el mismo, se indica que el Proigualdad ha contribuido de manera limitada en atender la desigualdad de género, pues se han cumplido solo 10 de los 31 indicadores definidos para su medición.
Como parte de evaluación de la Cuenta Pública 2017, la ASF indica que las deficiencias en el diseño del programa no permitieron evaluar sus objetivos. Aunque de 2007 a 2017, México registró una reducción en el Índice Global de la Brecha de Género (paso del lugar 93 al 81) no se puede constatar que estos avances se debieron al Proigualdad.
Para el seguimiento del Proigualdad, el Inmujeres instauró el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del cual, identificó la Auditoría Superior, existe una reducida capacitación e implementación del programa por parte de los organismos públicos federales.
Otro reto en esta administración, es que el Proigualdad deberá conciliarse con la política de austeridad que plantea López Obrador, pues las estrategias y líneas de acción de este se realizan con cargo a los recursos que se prevean en el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el ejercicio fiscal de cada año, que por lo menos este 2019 lograron mejorar las legisladoras tras los recortes planteados por el Ejecutivo.
El último Proigualdad 2013-2018 de la administración de Enrique Peña Nieto, contuvo seis objetivos transversales: la igualdad sustantiva, políticas culturales y medios de comunicación, igualdad jurídica, procuración e impartición de justicia y erradicación de la violencia, autonomía económica y acceso a recursos productivos, bienestar y desarrollo humano —que incluye la educación, salud y vivienda de las mujeres—, y la participación política y social.
Sin embargo, en su último informe de gobierno destacó políticas que se lograron gracias a la lucha del movimiento feminista, como la reforma constitucional de paridad de género en el registro de candidaturas a los congresos federal y estatales, la implementación de las Alertas de Violencia de Género y la Norma Mexicana en igualdad laboral y no discriminación.