Con la intención de que funcionarios y particulares que incurran en actos de corrupción sean sancionados con inhabilitación de por vida en el servicio público, el Grupo Legislativo de Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer la muerte civil de los involucrados en este tipo de ilícitos.
El coordinador de la bancada del PAN, Carlos De la Fuente, y el dirigente estatal panista, Mauro Guerra, entregaron el escrito en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, donde piden que en el Código se homologue la Ley General de Responsabilidades Administrativas federal con la estatal.
“La Ley de Responsabilidades Administrativas a nivel federal ya se hizo en el 2014, no se ha homologado a nivel estatal y era importante para tener la homologación para tener la contraparte de las autoridades estatales, que son las que van a ejercer este ley”, explicó Carlos de la Fuente.
“Principalmente la fortaleza de esta nueva ley es el tema de que ya no nada más el funcionario público sea el sancionado por cualquier acto de corrupción, sino el que provoque el acto de corrupción que puede ser el ciudadano, el proveedor o cualquier persona que inflija la ley, provocando al funcionario”, comentó Carlos de la Fuente.
Por su parte, Mauro Guerra comentó que la iniciativa es una exigencia de los ciudadanos para combatir la corrupción.
En la entrega del documento también estuvieron Rosa Isela Castro Flores, Nancy Olguín Díaz, Juan Carlos Ruiz García, Félix Rocha Esquivel, Claudia Caballero Chávez y Luis Susarrey Flores.
“Hay un tema muy claro en cuanto a la corrupción, ha sido el daño más fuerte que se ha hecho a la administración pública, a la vida política y es lo que más les molesta a los ciudadanos, por eso la iniciativa está enfocada a que exista la muerte civil en que ningún proveedor o funcionario que participen en un acto de corrupción pueda continuar trabajando, ejerciendo.
"No hay actos de corrupción chicos o grandes, todo es simplemente corrupción y todo daña de una u otra manera, por eso esta reforma está hecha para que, a partir de que se compruebe un acto de corrupción, se dé esta muerte civil y esta persona no pueda seguir trabajando en funciones ni prestando ningún servicio público”, comentó Guerra.
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