La fracción parlamentaria del PRD propuso al pleno legislativo modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal para castigar el matrimonio infantil como delito, con penas de cuatro a ocho años de cárcel y de 500 a 2 mil días de multa.
La propuesta presentada por las diputadas María Élida Castelán Mondragón, Viridiana Fuentes Cruz y el diputado Omar Ortega Álvarez, considera necesario adicionar una fracción al artículo 204 del Código Penal, donde se enumeran las conductas delito contra las personas menores de edad o quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, que podría llevarse a cabo hasta el siguiente año, porque este periodo culmina el 18 de diciembre y en estos momentos están concentrados en el análisis del Paquete Fiscal del 2022.
La propuesta
Consideran que es necesario castigar el matrimonio infantil porque desencadena embarazo temprano, violencia sexual, violencia de género, deserción escolar, pobreza, migración forzada, trabajo infantil, limitaciones en el acceso de mejores oportunidades de vida y mortalidad materna.
Para ello, proponen adicionar una fracción al artículo 27 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para dejar asentado: “queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes, permitan u obliguen a contraer matrimonio y uniones tempranas de los menores de edad, ello sin que exista excepción alguna que permita dispensar el requisito de la mayoría de edad previsto en el Código Civil por cualquier motivo”.
Además de que las autoridades deben establecer las medidas suficientes para prevenir, sancionar y erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas.
En el Código Penal, adiciona una fracción al artículo 204 para incluir una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa por “contraer matrimonio o uniones tempranas sin fines de lucro o a cambio de pago en efectivo o en especie, entregados a padres, tutor, familia o cualquier otro, obligando u obtenido el consentimiento de la persona menor de edad”.
MMCF