El diputado local del Grupo Legislativo del PRI en Hidalgo, Julio Valera Piedras, presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6 bis y reforma al artículo 8 y 19 de la ley de población para el estado de Hidalgo, que permita desarrollar políticas públicas enfocadas a mejorar las condiciones de vida de las personas.
Valera Piedras expuso en tribuna que el objeto de la Ley de Población para el estado de Hidalgo “es regular los fenómenos demográficos que afectan a la población hidalguense en cuanto a su estructura, volumen, dinámica y distribución, y que el cambio demográfico actual está construyendo nuevos escenarios que establecen la necesidad de una política de población activa”.
En cuanto a la adición del Artículo 6, el legislador priista destacó que el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes, programas y las políticas públicas que se apliquen en el estado deberá incorporar un enfoque demográfico, atendiendo la estructura y la composición de la población.
Mientras que –refirió- en el artículo 8 se agregaría la transparencia y la rendición de cuentas, la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno en materia de población y la promoción de la participación de la sociedad en su desarrollo.
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En tanto, en el Artículo 19 de la Ley de Población para el estado de Hidalgo se tomaría en cuenta que sin perjuicio de lo que disponga la normatividad en la materia, los Programas Estatales serán desarrollados con perspectiva intercultural y de respeto a toda forma de diversidad con el fin de reducir las brechas de desigualdad que afectan a los pueblos indígenas, comunidades que integran el país y grupos en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, Valera Piedras propuso agregar una perspectiva intercultural y de respeto a toda forma de diversidad en la elaboración de los programas estatales para reducir la brecha de desigualdad en la sociedad hidalguense, “a su vez, se establecen los requisitos mínimos necesarios de cualquier programa estatal de manera que siempre se incluya un marco jurídico, diagnóstico del programa, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de evaluación en concordancia con el principio de transparencia y de rendición de cuentas establecido”, finalizó.