Le diputade Esmeralda Navarro Hernández insistió en la necesidad de tipificar la explotación infantil como un delito, con seis años de prisión y hasta nueve años cuando haya agravantes, para evitar más casos de deserción escolar, la vulneración de sus derechos y que se siga truncando su futuro.
Durante el Foro para socializar la iniciativa de ley en materia de prevención, atención y protección de los derechos de la niñez y adolescencia en situación de trabajo en el Estado de México, pidió que ya se analice el tema en comisiones y se dictamine lo antes posible para frenar el trabajo de niñas, niños y adolescentes.
Perfeccionan ley para evitar que menores trabajen
“El trabajo infantil es una vulneración de derechos fundamentales que compromete su futuro, sobre todo el derecho a la educación, interrumpe su futuro, compromete su salud, genera riesgos físicos y daños sicológicos irreversibles, aunado a que se siguen fomentando ciclos de pobreza y la desigualdad se perpetua de generación en generación” acotó.
Este fue el quinto foro que se lleva a cabo sobre el tema. Antes estuvieron en los municipios de Valle de Chalco, Tecámac, Tlalnepantla y Atlacomulco, y llevaron a cabo un parlamento en la capital mexiquense, donde los sectores involucrados reconocieron la necesidad de perfeccionar la ley para evitar que más niñas, niños y adolescentes asuman la responsabilidad de trabajar.
Meme Navarro indicó que la iniciativa está basada en evidencia, tomando como base el programa de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, donde se observa que las estadísticas de trabajo infantil están íntimamente vinculadas con condiciones de pobreza, participaciones de la familia en mercados irregulares y rezago educativo.
Propone impulsar Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Por ello propone impulsar una reforma integral a tres ordenamientos: la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con un nuevo capítulo para la atención y prevención del trabajo infantil; la Ley de Educación, para prevenir el abandono escolar y garantizar su permanencia en las escuelas; y el Código Penal, para incorporar disposiciones específicas para sancionar la explotación laboral infantil.
El objetivo es fortalecer las políticas públicas, pues la reforma propuesta tiene cuatro ejes: prevención; atención y restitución; educación y coordinación institucional, como principal estrategia para evitar el daño.
INEGI reporta 3.7 millones de menores en trabajos infantiles en México
Por su parte, Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario general de Gobierno, informó que, de acuerdo con el Inegi, en el país existen 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de trabajo infantil nacional. En el caso del Estado de México, a pesar de que disminuyó entre 2019 y 2022, al pasar de 9.8 a 8.8 por ciento, sigue siendo un desafío que requiere la suma de esfuerzos.
En tanto, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), enfatizó que las niñas, niños y adolescentes son titulares plenos de derechos humanos, no son objeto de caridad y consideró conveniente sumar al Poder Legislativo, al Ejecutivo, a los ayuntamientos y a la sociedad civil a un mismo esfuerzo que se traduce en compromisos concretos, donde ningún derecho se puede sacrificar en nombre de otro y el Estado debe ser garante y no solo espectador, porque el trabajo infantil vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, y frente a él el Estado debe proteger y garantizar sus derechos.
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