La Academia de las Ciencias Sociales del Vaticano y la fundación CAP Internacional proponen a México aplicar la ley de la abolición a la prostitución que castiga a los consumidores a fin de acabar con el financiamiento a las redes de trata de personas.
Durante el foro “Visión global al delito de trata de personas” organizado en el Poder Judicial de la Federación, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, de la Academia de las Ciencias Sociales del Vaticano, dijo que seguir viendo a las mujeres como objeto y que su cuerpo sea producto de comercialización es una nueva forma de esclavitud normalizada en todo el mundo.
“Y en realidad estas formas de esclavitud son de lesa humanidad y se hacen por complicidad del Estado. Hay lugares en los que el 80 por ciento de ganancias vienen de esclavitud; y lo mismo los grupos de la delincuencia, ganan más vendiendo mujeres que vendiendo armas.“Una aplicación de la ley que sigue el interés de los poderes fuertes o que no está en favor de la víctima es una tragedia, aquí lo que se trata es de poner al centro a la víctima y eso debe favorecer a una nueva ley que por primera vez penalice a los consumidores para acabar con la esclavitud de estas personas”.
Gregoire Thery, director de la Fundación CAP en Francia, que atiende a 15 mil personas que fueron prostituidas en 27 países, explicó que esta ley reconoce la prostitución como una forma de violencia de género y como un obstáculo a la igualdad, y sanciona el fomento a la comercialización al cuerpo humano.
“Castigando al consumir se acaba la compra de sexo y así se acaba la trata de seres humanos. La prostitución es un acto sexual que impone el consumo económico en la repetición de actos sexuales sin deseo, por eso es un acto violento y afecta de mayor manera a las sociedades más vulnerables y eso es verdad en todo el mundo”.
Detalló que los indígenas de Canadá registran el más alto porcentaje de prostitución; tan solo en Vancouver 52 por ciento de víctimas son indígenas; mientras que en Estados Unidos el 50 por ciento de las personas detenidas por prostitución son afroamericanos; en la India el 90 por ciento de las víctimas son de casta más baja o pueblos originarios; mientras que en Francia entre el 80 y 90 por ciento son migrantes ilegales.
“El daño se perpetúa incluso después del acto de prostitución, las 15 mil personas que atendemos han sufrido violencia física, mental o verbal antes de ser víctimas de prostitución. Es un nivel de violencia brutal, el estar obligadas a un acto sexual sin deseo, esto también genera que el porcentaje de suicidio sea 12 por ciento más alto en las personas víctimas de prostitución.“Después de la prostitución viene la discriminación, sufren problemas físicos y sobre todo psicológicos porque al ser prostituidas, su mente y su cuerpo tienen un control tan fuerte que no las deja ver en qué situación están, cuando logran salir se relajan y se enfrentan a las consecuencias lo que genera problemas de descontrol psicológico”.
En tanto el magistrado Humberto Román señaló que están conscientes de las fallas que persisten al momento de judicializar casos de trata de personas pero acusó que todo parte como ya se ha señalado, de las deficiencias en los Ministerios Públicos.
“Si no se llega a un buen resultado es porque el ministerio público no hace una investigación eficaz que permita a un juez emitir una sentencia a favor de la víctima. Y el otro problema son las creencias, yo no tengo religión y no deberíamos basarnos en ninguna religión en específico para juzgar y lamentablemente eso también pasa”.
Aunque también apuntó que es necesaria una política integral pues puso como ejemplo que “alguna vez alguien dijo ‘no más prostitutas en Ciudad de México’ y lo único que pasó es que incrementaron los delitos sexuales, no es solo una orden se requiere una política”.
Mientras que Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos vs la Trata agregó que a 20 estados de 32 no les importan las mujeres porque no tienen refugios y la mayor parte de las mujeres que mueren en manos de tratantes es porque no encontraron un lugar para pedir ayuda.
Destacó que Chiapas, Estado de México, Baja California, Puebla y Tlaxcala son los estados que logran más sentencias a favor de las víctimas por el buen funcionamiento de sus refugios que además ofrecen acompañamiento y asesoría legal.
jlmr