El cambio de fiscal de Justicia en el Estado de México es una oportunidad para replantear la duración del cargo y verificar que pueda ejercer su autonomía plenamente, sin control alguno del Ejecutivo, como ha sido en los últimos años, consideró el presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Legislatura, Gerardo Ulloa Pérez.
Indicó que un cargo como fiscal durante nueve años debe ser revalorado, porque de entrada es un plazo muy amplio y desgastante o bien sin los resultados esperados, por lo que no sería conveniente esperar todo ese tiempo para dar un impulso a la justicia.
Una opción sería reducir el plazo o dividirlo en dos y dejarlo en cuatro o cinco años, con posibilidad de una reelección para que complemente el plazo de ocho o nueve años; aunado a que se debe revisar la razón por la cual no se ha logrado la autonomía financiera que marca la ley.
La normativa nacional
En el país, acotó, no hay una media para el cargo de fiscal, algunas entidades contemplan cuatro y otras hasta nueve años; en algunos casos se pueden reelegir y en otros tener un segundo periodo, pero en la mayoría son nombrados por los poderes Legislativo y Ejecutivo, luego de una convocatoria abierta.
La Constitución Política de la Ciudad de México, aseveró el legislador, señala una duración de cuatro años, por mayoría calificada del Congreso, a propuesta de Consejo Ciudadano mediante un proceso de examen público y abierto, dando la posibilidad de una ratificación.
En el caso del estado de Hidalgo el plazo es de cinco años; en Guerrero y Nuevo León de seis años; en Colima también son seis, pero permite la reelección, mientras en Chiapas habla de un segundo periodo, sin especificar si es de manera inmediata o posterior.
Las entidades que contemplan en su legislación una duración de siete años son: Puebla, Sinaloa y Zacatecas; mientras, Veracruz, Michoacán y Sonora señalan nueve años. El tema es verificar si han cumplido ya este plazo y que resultados se obtuvo al plantear una estrategia sostenida durante este lapso.
En los casos de Jalisco y Tamaulipas su normativa no especifica la duración de quien ocupe la instancia de Justicia, pero es el titular del Ejecutivo quien puede removerlo libremente.
Mientras se analiza el tema de la duración, lo inmediato es elegir este jueves a quien será el fiscal o la fiscal del Estado de México para el periodo 2022-2031 y tomar la mejor decisión, por el bien de la entidad, donde la incidencia delictiva no baja.
MMCF