Proveedores de la cooperativa Cruz Azul solicitaron al gobierno de México su apoyo para que se resuelva la problemática en este núcleo a fin de reactivar la economía en la zona azul, en Tula de Allende.
Un grupo de proveedores se concentró en el bulevar de acceso al Centro de Formación, antes área de Petroquímica, de la refinería Miguel Hidalgo, de Petróleos Mexicanos (Pemex), para pedirle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su intervención en la resolución del conflicto entre particulares que mantiene afectadas las operaciones de la cementera.
Procedentes de las cooperativas Minatitlán, Bomintzhá, Hidalgo, Protec, La Juárez, así como de las empresa Ejidal Bomintzhá S.A. de C.V., SAIT, Donki, Quinta generación y La Unión, los manifestantes pidieron a las autoridades que se prioricen las acciones para solucionar el conflicto de manera pacífica.
"Somos parte del núcleo de la cementera La Cruz Azul, somos empresas abastecedoras de materia primas y procesadora de servicios que por más de dos años hemos sido escatimados con ese trabajo; por lo cual exigimos a los tres órdenes de gobierno que intervengan a la solución, no queremos pelear, no queremos más manifestaciones, queremos llevar las cosas pacíficas para que nos devuelvan nuestros empleos".
La protesta se realizó de manera pacífica en los dos puntos por los que cruzó el presidente de México; lanzaron sus consignas para solicitar paz en la zona de Cruz Azul y el restablecimiento de las fuentes de empleo.
En la zona también se manifestaron jubilados de Pemex, quienes acusaron el despojo de un espacio deportivo e inclusive denunciaron presunto lavado de dinero y por ello pidieron urgentemente la intervención de las autoridades correspondientes.
Rodolfo Mitre Rivera, jubilado de Pemex, dijo que a partir de abril les incrementaron el costo de las instalaciones de la Asociación deportiva de Tula, violando los reglamentos y estatutos internos, y al acercarse al ingeniero Jorge García Rivera, uno de los funcionarios a cargo, les manifestó que dicha instalación era únicamente para ingenieros, algo que, refutó, contraviene la normativa vigente.
Dijo además que el costo pasó de 900 pesos a mil 600 pesos mensuales y al respecto la encargada de la ADT les indicó que los precios no se pueden bajar pues al asumir la dirección se encontraron a dicha asociación en números rojos y era la única manera de solventar los gastos, lo que posteriormente ocasionó la deserción de jubilados y sus familias, afectándolos al quitarles un espacio de recreación y esparcimiento, al que incluso acudían jubilados para nadar por prescripción médica.
Solicitaron la intervención del presidente, pues dijeron que han acudido ante diferentes instancias, sin que hasta el momento haya solución al tema.