A simple vista luce como una simple plaza comercial con unos 12 locales pequeños, en una construcción de arquitectura modesta. Es un edificio que se encuentra en la calle Coras 3515, en Guadalajara, pero que desde uno de esos pequeños locales se fraguó la venta de miles de pruebas de covid-19 al gobierno de Puerto Rico, en una transacción millonaria con costos inflados, anomalías y ausencia de permisos.
La empresa mexicana Promotora SN, SAPI de CV, operadora de la marca Zogen Genética Molecular, se prestó para triangular la adquisición y venta de pruebas rápidas Nova Test.
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La historia se cuenta por pasos
El 20 y 24 de marzo, el gobierno de Puerto Rico compró 101 mil 500 pruebas rápidas de covid-19, a la empresa 313LLC, por la cantidad de 46 y 36 dólares cada una.
La compañía reveló, en una entrevista a la periodista Wilma Maldonado de El Nuevo Día, que eran distribuidores exclusivos en Puerto Rico de la empresa Zogen con sede en Guadalajara, que a su vez se abastece de la empresa china Atlas Link.
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En realidad Zogen Genética Molecular es una marca comercial de la empresa mexicana Promotora SN, SAPI de CV que opera como farmacia y su sede es el pequeño local en una plaza comercial en esa ciudad.
Promotora SN se creó en 2015 con un capital inicial de solo 100 mil pesos mexicanos, y dadas las restricciones gubernamentales en México relativas a la importación de productos farmacéuticos, no puede importar a territorio mexicano las pruebas rápidas que la empresa boricua declaró haberle comprado debido a que la Cofepris no ha realizado autorización alguna para pruebas rápidas del tipo de las que Zogen pretende comercializar.
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La situación se torna aún más grave cuando se compara la disparidad de los precios con que el Departamento de Salud compró estas pruebas, ya que se facturaron a Puerto Rico a un precio de hasta 46 dólares siendo que la cotización que maneja la empresa China es de 2.95 dólares por prueba, es decir que la institución del gobierno de Puerto Rico pactó un pago de hasta mil 554 por ciento arriba de su precio real, lo que representaría más de 78 millones de pesos mexicanos (3 millones 369 mil 575 dólares) de sobreprecio por la intermediación.
Esto, a pesar de que la empresa china no tiene contratos de exclusividad en Estados Unidos.
El accionista principal ( 80%) es el médico Julio Antonio Peguero, de 40 años, egresado de la Universidad de Guadalajara y cuya práctica en oncología la realiza en el estado de Texas.
Este equipó llamó a Zogen para pedir información sobre las pruebas de covid-19 y habló con Marcel Peguero, hermano del médico y accionista minoritario, quien reconoció que estas pruebas no tienen la aprobación aún de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero que esperaban que estableciendo protocolos de investigación con universidades nacionales pudieran conseguir la autorización en México de manera directa.
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En tanto se consiguen los permisos oficiales, dijo Peguero, la entrega debiera convenirse en Hong Kong o bien en aeropuerto quedando los trámites de importación bajo responsabilidad del comprador.
"Usted sabe que la política de repente es el obstáculo principal aquí en México y de repente sucede que hay estados que presionan más que otros… si el Secretario de Salud emite una carta no se necesita estar en el padrón de importadores para traerte el producto en esta etapa, te pueden decir que sí o te pueden decir que no.
"Tenemos mucha influencia con gente de política aquí en México. De alguna manera empezamos con este marketing de estas pruebas en México; si quieres y te parece que firmamos un contrato de confidencialidad entre nosotros, te paso un contrato de comisión, para que digas este es el precio de transferencia, entre nosotros, y yo lo meto a equis, vamos a poner número, yo pongo 10 y el cliente final va a comprar en 20.. de 10 para 20, es tu comisión", dijo.
En cuanto a los precios, explicó que con base al número de pruebas podría "acordarse un importe por unidad protegido con un convenio de confidencialidad" entre Zogen y el intermediario, para que de esta manera pudiera facturarse un valor, cuya diferencia con el precio final posteriormente se transferirse al intermediario mediante un contrato de comisión. Es decir, con una ganancia mayúscula para el intermediario, como al parecer, ocurrió en Puerto Rico.
Este equipo contactó a Cofepris para solicitar una entrevista y conocer su postura sobre la existencia de esta empresa y estas pruebas, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
El test, imposible que entrara a Puerto Rico de forma legal
Este equipo logró contactarse telefónicamente con la oficina de Atlas Link en los Estados Unidos donde confirmaron que apenas el pasado 20 de abril les informaron de las oficinas en China que existe un distribuidor exclusivo para México de las pruebas de su marca “NOVA TEST” para covid-19 para los próximos tres meses, y ratificaron que debido a que el test no cuenta con la aprobación de la FDA no era posible que entrara a territorio norteamericano, incluyendo Puerto Rico. Esto, a pesar de que la empresa puertoriqueña afirmó que ya había entregado 2 mil test.
Hasta el pasado 10 de abril la empresa mexicana no contaba con una página web disponible, pero a partir del 22 de marzo, ante los cuestionamientos de la prensa isleña, se creó el portal electrónico www.zogen.mx. El sitio presenta la información en español relativa a covid-19 de las pruebas rápidas.
Anteriormente el gobierno de Puerto Rico había cancelado una compra de estas mismas pruebas a la empresa Apex Contractors, la razón esgrimida fue que no habían cumplido los tiempos para entrega, sin embargo, investigaciones periodísticas de El Nuevo Día, establecieron ligas entre esta empresa y el grupo Lemus encontrando vínculos estrechos con el Partido Nacional Progresista.
El caso llegó hasta el Senado de Estados Unidos, donde el republicano Charles Grassley pidió cuentas a la gobernadora Wanda Vázquez por las anomalías en contratos de compras de pruebas rápidas de covid-19.
FLC