Ante el incremento en la demanda por boletos para eventos deportivos y artísticos, las empresas organizadoras han desarrollado mecanismos de preventas, dando ventaja a fans o clientes de ciertos bancos. No obstante, este tipo de prácticas pueden afectar al resto de los compradores que no poseen dichos beneficios.
Por ello, los senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa para declarar cierto tipo de reventas como actos monopólicos, además de buscar una manera de regularlas.
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Los legisladores presentaron un proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción segunda y una nueva fracción sexta al artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica, a, en materia de prácticas monopólicas relativas en la venta de boletos para espectáculos públicos.
Consideraron que las preventas se han convertido en “una completa laguna legal para beneficiarse sin consecuencias a costa del perjuicio de la gente”, afectando la economía de los interesados, prácticas contrarias a la competencia económica y vulneración de los derecho de los consumidores.
Por ello, en su exposición de motivos destacaron la importancia de que exista un control regulador capaz de beneficiar a las personas y no discriminar o vulnerar los derechos.
“¿De verdad se realiza esta venta a un grupo de fans? Pues la realidad es que estas ventas se dan solo si ese grupo cuenta con beneficios como tarjetas bancarias exclusivas, lo que sin duda viola los derechos de las personas consumidoras, ya que no todos tienen las posibilidades de acceder a ciertas tarjetas bancarias y al no permitir elegir libremente el servicio, por lo que se trata de una práctica discriminatoria”, indicaron.
La iniciativa busca establecer, como parte de las conductas que se consideran prácticas monopólicas, la venta o transacción de bienes o servicios que esté condicionada al uso de un medio específico de pago de una institución financiera determinada (bancos). Especialmente si esta niega o restringe el acceso en términos y condiciones discriminatorias o restrictivas.
En la reforma, los petistas también hicieron un llamado a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para fungir como vigilante “que esté del lado correcto de la historia”, garantizando la competitividad y de los derechos de los mexicanos; así como el actuar de las empresas privadas.
El texto fue turnado a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos del Senado, para su análisis, discusión, y posible aprobación.
LP