El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para prohibir el cobro de comisiones a los consumidores por pagos con tarjetas bancarias.
Por conducto del legislador Brígido Ramiro Moreno, la bancada del partido advirtió que algunos proveedores de bienes y servicios solicitan indebidamente al usuario una comisión por el uso de la terminal electrónica que va de tres a cinco por ciento del valor de la compra, lo cual resulta abusivo y contrario a los contratos celebrados con las instituciones bancarias.
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Por ello, propuso una modificación al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir que el proveedor transfiera al cliente la comisión por el servicio de la terminal punto de venta.
De acuerdo con el proyecto, el uso de tarjetas de crédito y débito para el pago de productos y servicios son cada vez más cotidianos debido a los avances tecnológicos, pero también se ha prestado al cobro de comisiones indebidas por parte de algunos proveedores.
“Este tipo de acciones condicionan y obstaculizan la promoción de la inclusión financiera, debido a que los usuarios pueden llegar a pensar que les resulta más costoso efectuar una compra a través de tarjetas de crédito o débito”, señala.
Moreno subrayó que la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reconoce que el cobro de comisiones por el uso de terminal punto de venta es indebido y recomienda a los usuarios notificarlo a su banco, a fin de que puedan tomar las medidas necesarias hacia los proveedores.
“Es importante mencionar que la utilización de esta tecnología no solo beneficia al usuario, sino también a los proveedores, quienes incrementan sus ventas y disminuyen los riesgos que implica el manejo de efectivo”, remarcó.
Sostuvo que con la reforma propuesta eliminaría todo argumento para el cobro de las comisiones sobre pagos con tarjetas de crédito o débito, con lo cual se garantizaría la equidad, la certeza y la seguridad jurídica entre proveedores y consumidores.