La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades “no acreditaron” el ejercicio de 948 millones 565 pesos destinados a reducir la mortalidad y la carga de enfermedades crónicas, básicamente diabetes e hipertensión, entre sectores pobres y vulnerables.
En segundo informe de la Cuenta Pública 2018, la ASF precisó que Salud y Cenaprece tampoco demostraron haber desarrollado Programas Sectorial de Salud ni tampoco existe evidencia alguna de estrategias contra cáncer, muerte materna, enfermedades mentales, lesiones, adicciones, accidentes viales obesidad, padecimientos trasmisibles con los que presuntamente avanzaría en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal y reducirían las brechas de inequidad.
La pasada administración prácticamente desapareció toda la documentación que justificaría el uso de recursos, transferencias, asignaciones y otras ayudas y solo se identificó una “copia de correo un electrónico” que no contiene propuestas ni mediciones, las minutas de las reuniones de gabinete, tampoco el anteproyecto que justifique el manejo económicos de las atribuciones conferidas.
El presupuesto de más de 948 millones se dividió en 742 millones 540.0 como parte de su asignación y de 406 millones 025 asignados para la integración de su anteproyecto, de hecho, actuaron con “una tendencia errática y discrecional” para dar cuenta del manejo de los recursos destinados a seis de sus unidades responsables.
Estas dependencias son la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; la Dirección General de Promoción de la Salud; Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental; Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes; Dirección General de Epidemiología y Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
“Con el análisis se concluyó que 30.7 por ciento, de los 124 mil 460 millones de pesos del presupuesto aprobado en el capítulo “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, fue inadecuado, ya que no tiene vinculación con el desarrollo de programas, ejecución y evaluación de políticas públicas y sus estrategias de prevención a la salud”.
La ASF detectó, además, otras irregularidades graves como haber logrado sólo el 65.4 por ciento de vacunación entre menores de 1 año, cuando la meta era del 90 por ciento, y después desconocer la cobertura real posterior. Se cumplió con el 33.21 por ciento en lo relativo al controlar de las muertes ocurridas por enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
“No se atendieron las metas programadas de cuatro indicadores: Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de un año; Casos de enfermedades especificas sujetas a vigilancia epidemiológica; Cobertura de comunidades certificadas como saludables, y Porcentaje de usuarios de los servicios estatales de salud que presentan en la consulta otorgada la Cartilla Nacional de Salud” .
Los registros internos de 2018 determinan que las seis unidades gastaron 346 millones de pesos en cubrir pagos y actividades; “sin embargo, no comprobaron los recursos ministrados para la atención de las poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir”.
“En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por la deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario”.
Los resultados de la auditoría muestran que, en 2018, Salud y el Cenaprece no acreditaron la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como el ejercicio oportuno de los recursos.
Contratación ilegal
En otro tema, la ASF “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 492 mil 713.75 pesos, por concepto de pagos realizados de 3 plazas de prestadores de servicios eventuales no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Se comprobó que la Secretaría de Salud realizó pagos a 11 mil 908 médicos residentes por 760 mil 877 pesos, y se dieron estímulos al personal operativo.
La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, registraron pagos no autorizados.
AE