Graves señales de corrupción en Pemex, lo que encontró la ASF

Auditoría Cuenta Pública 2018

David Colmenares confirmó la ampliación de las revisiones sobre la compra y rehabilitación de la planta “chatarra” de Agro Nitrogenados, vinculada a la gestión de Emilio Lozoya.

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Fernando Damián
Ciudad de México /

Al entregar la tercera y última parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 a la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, denunció el hallazgo de “graves señales de malos manejos, abusos y corrupción” en Pemex y confirmó la ampliación de las revisiones sobre la compra y rehabilitación de la planta “chatarra” de Agro Nitrogenados, vinculada a la gestión de Emilio Lozoya.

“La ASF ha proporcionado a la Fiscalía General de la República todos los elementos de información para coadyuvar en la investigación correspondiente y la sanción de los responsables que se determinen judicialmente”, puntualizó.

Colmenares se refirió también a la participación de la ASF como parte ofendida en el proceso penal contra Rosario Robles por el presunto desvío de recursos de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Tenemos la participación de la ASF directa, activa y coordinada con la Fiscalía General de la República en las audiencias relacionados con el caso que se desahoga actualmente en el Poder Judicial de la Federación sobre las irregularidades presuntamente cometidas por ex servidores públicos de las entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría de Desarrollo Social”, dijo.

El auditor superior precisó que las observaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio del gasto federalizado por parte de estados y municipios ascienden a 144 mil 430 millones de pesos tan solo en 2018.

Informó que la ASF ha recuperado mil 647 millones de pesos como resultado de los procesos de aclaración que apenas están comenzando.

Colmenares reafirmó su convicción de fiscalizar al Infonavit y esclarecer las probables irregularidades financieras correspondientes a las cuentas públicas de 2017 y 2018, pese a la negativa de ese organismo a permitir las auditorías, argumentando una supuesta exención por manejar recursos tanto del gobierno federal como de aportaciones patronales y de los trabajadores.

“Solicitamos a la Suprema Corte de Justicia la atracción del asunto, la cual nos fue concedida por unanimidad de los integrantes de la Segunda Sala del alto tribunal, máxima instancia que próximamente se pronunciará al respecto, fijando el derecho que constitucionalmente corresponda”, remarcó.

jlmr

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