El Senado publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa que envió la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, que mandata la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como de los organismos garantes en las entidades federativas, para que la tutela del derecho de acceso a la información y la política de transparencia se trasladen a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Este paquete de reformas, entre otros puntos, establece que Transparencia para el pueblo, será un órgano administrativo, desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para resolver recursos de inconformidad contra resoluciones emitidas por las autoridades garantes de las entidades federativas con recursos distintos a los federales, sin que ello implique un derroche o gasto innecesario de los recursos públicos, y que sea, a través de instituciones con las que ya se cuenta, las que garantice dicho derecho.
Las reformas que expide las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen la posibilidad de transferir datos personales de los ciudadanos, entre instituciones, y sin la necesidad de autorización de los propios dueños de esos datos.
El documento refiere que el objetivo es fortalecer el uso óptimo de recursos públicos, al simplificar la estructura gubernamental, con lo que se asegurará que las atribuciones que tenía conferidas el INAI se ejerzan bajo esquemas más funcionales, eficaces y de acuerdo con los principios de racionalidad y austeridad republicana.
Lo anterior, señala, sin que con ello disminuya la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de los datos personales, ya que ambos derechos humanos reconocidos por la Carta Fundamental son inherentes a la persona y el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio.
También se publicó la iniciativa para reformar el artículo 19 y 40 de la Constitución para fortalecer la soberanía nacional.
El proyecto de decreto plantea adicionar dos párrafos al artículo 40 de la Carta Magna, para establecer de manera categórica que:
“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Además, establece que “tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.
La reforma constitucional al artículo 19 propone incluir el delito de terrorismo, ello, con el objeto de establecer que “a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
El documento subraya que los tiempos que corren están caracterizados por el signo de la complejidad, lo que hace necesario enaltecer, ratificar y fortalecer nuestros principios históricos, los cuales constituyen un poderoso capital existencial y político y una inagotable fuente de reserva estratégica para enfrentar los desafíos del presente.
LG