La fecha para realizar la consulta para enjuiciar a actores políticos es inamovible, pues no solo la Constitución indica que debe ser el primer fin de semana de agosto de 2021 sino que además, resulta imposible que se empalme con la elecciones intermedias pues las leyes electorales señalan claramente que una vez iniciado el proceso electoral no se puede aplicar ninguna modificación o adición legal.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, sostuvo que cambiar la consulta a las elecciones de julio era imposible pues la Constitución es clara y tiene fechas precisas que resultan inamovibles por lo que deberán elaborar un calendario basados en esos tiempos.
En lo que coincidió el consejero Uuc-kib Espadas en entrevista con MILENIO al señalar que “la fecha no es un asunto de nosotros, la Constitución dice que las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto del año correspondiente. El INE no puede sin actuar bajo el marco de las leyes que nos rigen, el INE no tiene ninguna potestad para cambiar fechas, simplemente no podemos, estamos obligados a cumplir con la Constitución”.
Explicó que el Instituto está obligado únicamente a seguir con el proceso constitucional aunque aclaró que aún no definen la ruta a seguir pues incluso hay distintas posturas en cómo hacerlo.
“Hay debates sobre los pasos a seguir y no voy a profundizar en ese punto, entonces lo único que sigue es que el INE tome las provisiones necesarias para realizar el proceso de consulta y realizarlo en la fecha en que la Constitución lo marca, tendremos que definirlo en las próximas semanas”.
Agregó que es indispensable aclarar que no existe en estos momentos un monto aproximado de cuánto podría costar la consulta pues los ocho mil millones de pesos que mencionó la semana pasada fue solo un comparativo con lo que costará el proceso electoral, pero “desde este momento el INE está trabajando desde ya para que la consulta cueste mucho menos que lo que cuesta una elección constitucional”.
MILENIO consultó con politólogos que coincidieron en la imposibilidad de que la consulta contra expresidentes se empalme con el proceso electoral intermedio.
“Es muy difícil que se mueva la fecha desde el punto de vista enteramente técnico, y desde el punto de vista que marca la ley no puede hacerse porque ese es el mandato de la Constitución, sería torcer a manera de conveniencia política, un desacato a la Constitución y a lo que ella significa que es el mandato jurídico que nos rige. El estado de derecho en México si bien existe, es frágil y lo que menos debemos hacer es contribuir a que sea más frágil o de plano a que se vuelva inoperante”, señaló el politólogo Enrique González.
Sostuvo que intentar mezclar dos temas tan distintos es misión imposible pues además, la consulta a actores políticos es un asunto que no debería vincularse al ejercicio electoral más importante y delicado de la historia del país.
Mientras que el especialista Samuel Aguilar recordó que una vez iniciado un proceso electoral, no existe manera alguna de realizar adiciones legales.
“No se puede ajustar por la sencilla razón de que ya inició el proceso electoral 2020-2021 y la propia normatividad electoral indica que no se puede hacer ninguna modificación legal que tenga que ver con el proceso electoral, habrá quien diga ‘esto no es electoral’, pero al querer introducirlo en el proceso puede modificar el mismo contenido y la sustancia del proceso electoral que ya formal y legalmente inició el 8 d septiembre”.
Detalló que en los próximos meses el reto será aclarar las galimatías que caracterizan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más que resolver dejó dudas y la puerta abierta para cualquier tipo de interpretación
“Al ser un hecho que ya no se puede contravenir porque la Corte es la última instancia, lo que se debe hacer es si de parte de quien se haya planteado existen los principios que buscaban en las galimatías, ¿cuánto es el periodo hacia atrás?, si 100 años, 30, 2 o seis meses. Segundo, cuando dice ‘actores políticos’ ¿a quién se refiere? si a un señor que está en una ventanilla de servicios públicos, a un regidor que es actor político en su municipio, un alcalde, un diputado, el presidente de la República o los expresidentes”.
RLO