La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aumentar hasta en una mitad las sanciones penales por los delitos de abuso sexual y violación en lugares públicos, establecimientos mercantiles, vía pública, así como en el transporte público y privado.
La adición propuesta al artículo 266 bis del Código Penal Federal prevé establecer la agravante a dichos delitos para hacer frente a la violencia sexual que sufren mujeres, niñas y adolescentes por la falta de medidas de seguridad adecuadas y la normalización de la violencia de género.
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La legislación prevé actualmente una pena máxima de diez años de prisión por abuso sexual y hasta de 20 años por violación, por lo que aumentarlas en una mitad daría lugar a castigos de hasta 15 y 30 años, respectivamente.
De acuerdo con la iniciativa suscrita por los diputados María del Carmen Pinete y Jorge Luis Llaven, la violencia en espacios públicos es una problemática alarmante, pues cada año aumentan las cifras y se ha normalizado encontrar casos que dan cuenta de esas agresiones en todo tipo de espacios, desde centros nocturnos hasta escuelas, afectando mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas.
En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares demostró que 70 por ciento de las mujeres de 15 años y más había experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, y la violencia sexual es la segunda con mayor prevalencia.
A su vez, las llamadas de emergencia por abuso sexual y acoso u hostigamiento llegaron a un máximo histórico, pues hubo 6 mil 977 por abuso sexual y 11 mil 323 por hostigamiento, mietras entre enero y noviembre de 2022 la Secretaría de Seguridad registró 21 mil 615 delitos de violación.
La Encuesta de Victimización Prevalencia e Incidencia Delictiva, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mostró que en 2021 las mujeres eran más vulnerables, pues por cada 10 delitos sexuales cometidos contra ellas, hubo uno cometido contra hombres.
Los legisladores del PVEM señalaron que la violencia sexual contra las mujeres “no se da de forma accidental, es resultado de una discriminación arraigada y no muchas veces percibida”, y ha provocado la pérdida de su capacidad para disfrutar sus derechos y libertades.
LP