La diputada del Partido Verde, María del Carmen Pinete Vargas, planteó hacer efectiva la obligación del voto en México mediante una sanción al ciudadano que incumpla sin causa justificada, a través de suspender, por un año, la credencial de elector como medio de identificación personal o una multa de 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, a precio actual de mil 37 pesos.
La legisladora ecologista propuso agregar una fracción al artículo 36 de la Constitución, a fin de contar con un procedimiento legal que ayude a reducir el abstencionismo electoral y apuntalar que quienes lleguen al poder tengan legitimidad para gobernar.
“Hay que reflexionar cómo hacer efectivo el cumplimiento de la obligación en nuestra ley fundamental de votar en elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato. Una alternativa es, fijar consecuencias jurídicas para aquellos que por desidia, desinterés o desconocimiento no acudan a las urnas cuando son convocados a ellas”, expuso.
La iniciativa de ley acredita que en los comicios de 2022, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, para renovar el Poder Ejecutivo, en la mayoría de los casos la participación ciudadana no rebasó el 50 por ciento, y en 2023, en el Estado de México y Coahuila apenas se alcanzó 50.07 por ciento y 56.56 por ciento respectivamente de la lista del padrón electoral.
“En el Partido Verde estamos comprometidos con el fortalecimiento del régimen democrático, de rendición de cuentas y de los mecanismos para dotar de mayor legitimidad a quienes resultan electos por el voto popular como gobernantes o representantes, lo cual transita, por combatir el abstencionismo; por eso, cancelar temporalmente la credencial del INE o pagar una multa, servirá para revertir la renuencia de más de la mitad de las y los ciudadanos convocados a las urnas”, insistió.
La legisladora recordó que la obligatoriedad del voto con consecuencia por incumplimiento está penado en 27 países, siete de ellos son de América: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, y entre otra sanciones destacan las multas pecuniarias, arrestos, trabajo social, no obtención de pasaporte o la prohibición en cargos públicos.
LG