La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, sigue siendo uno de los episodios más trágicos y emblemáticos de la violencia en México.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia en diciembre de 2018, incluso desde candidato, se comprometió a avanzar en la búsqueda de justicia y verdad en este caso, caracterizado por la impunidad y la falta de claridad en las investigaciones previas.
A continuación, te compartimos un recuento de los avances, obstáculos y acciones emprendidas durante su sexenio.
Creación de la Comisión para la Verdad
Uno de los primeros pasos del gobierno de López Obrador fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa en 2019.
Esta comisión fue instaurada con el objetivo de revisar las investigaciones anteriores y proporcionar un enfoque más exhaustivo y transparente.
Compuesta por expertos y organizaciones de derechos humanos, la Comisión se dedicó a analizar las irregularidades en el manejo del caso, buscando reorientar la investigación hacia "la verdad y la justicia".
La Comisión fue fundamental en la revaloración de testimonios y evidencias, permitiendo que las voces de las víctimas y sus familias sean escuchadas.
Este enfoque difirió con la “verdad histórica” presentada en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, que fue descalificada por carecer de sustento y tener inconsistencias.
Excavaciones y nuevos esfuerzos de búsqueda
Uno de los pilares de la estrategia del gobierno de López Obrador fue la búsqueda activa de restos humanos mediante excavaciones en diversos puntos del estado de Guerrero.
A partir de octubre de 2023, se realizaron 280 excavaciones, en las que participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas acciones contaron también con la colaboración de testigos clave, quienes proporcionaron información relevante para la localización de posibles restos.
El esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad y la fiscalía fue presentado como una muestra del compromiso del gobierno para continuar la búsqueda, a pesar de las dificultades y el paso del tiempo. Según los datos presentados, 270 elementos de distintas corporaciones participaron en estas tareas de excavación.
Ley de Amnistía y colaboración de Sedena
En un intento por obtener más información sobre el paradero de los 43 normalistas, el gobierno de López Obrador impulsó la aprobación de una ley de amnistía.
Esta ley tenía como objetivo incentivar a aquellos que pudieran poseer información relevante a colaborar con las autoridades, ofreciendo la posibilidad de recibir beneficios legales a cambio de su cooperación.
En cuanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), López Obrador destacó la disposición de esta institución para colaborar con la investigación.
A través de la entrega de 33 tomos de documentos al Ministerio Público, la Sedena abrió sus archivos para facilitar el acceso a información relacionada con el caso. Además, se permitió que los padres de los estudiantes desaparecidos visitaran las instalaciones militares en Iguala, Guerrero, en busca de respuestas.
Detenciones clave en la investigación
Durante el gobierno de López Obrador, se realizaron detenciones relevantes que marcaron un hito en la búsqueda de justicia.
La captura de Jesús Murillo Karam, ex procurador durante la administración de Peña Nieto, es un ejemplo. El priista enfrenta acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
Para la actual administración, su papel en la creación de una narrativa fabricada sobre los hechos de Ayotzinapa es considerado un acto grave que impidió el avance real en el caso.
Asimismo, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, fue señalado como responsable de tortura y desaparición forzada. A pesar de que se emitió una orden de aprehensión en su contra, Zerón permanece prófugo, refugiado en Israel.
Además, el 5 de septiembre reaprendieron a Gildardo López Astudillo El Gil, y el 21 del mismo mes a El Cepillo. Ambos ligados con el caso de desaparición de los normalistas.
Revisión de la "verdad histórica"
Desde el inicio del sexenio, López Obrador y su equipo rechazaron la "verdad histórica" que implicaba a los normalistas en el crimen organizado y que afirmaba que sus restos habían sido incinerados en un basurero de Cocula.
Este enfoque les permitió reexaminar las versiones de los hechos y buscar la verdad a partir de un análisis más crítico y fundamentado.
La revisión de estas narrativas fue esencial para abordar el escepticismo de las familias de los normalistas, quienes demandaban un compromiso real con la justicia.
El entonces subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, fue una figura clave en este proceso, promoviendo la transparencia y la colaboración con organismos internacionales para asegurar que las investigaciones sigan un camino justo y recto.
Las familias de los 43 normalistas jugaron un papel crucial en la lucha por la justicia. Su presión constante mantiene el tema en la agenda pública e impulsó acciones gubernamentales directas.
A lo largo de los años, realizaron marchas, protestas y encuentros con autoridades para exigir respuestas y resultados.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de López Obrador, las familias siguen expresando su desconfianza hacia las autoridades, demandando claridad sobre el estado de las investigaciones y la situación de los detenidos.
Expediente entregado por EU
El 24 de mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos había entregado parte de un expediente relacionado con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Este expediente fue solicitado por López Obrador a la entonces vicepresidenta estadunidense y actual contendiente presidencial, Kamala Harris, durante una reunión virtual llevada a cabo el 7 de mayo del mismo año.
La solicitud se hizo tras el pedido de la comisión de derechos humanos encargada de investigar el caso.
López Obrador expresó su gratitud a la vicepresidenta Harris por la pronta respuesta, asegurando que el gobierno mexicano había recibido parte del expediente y que esperaba la entrega del resto en los próximos días.
Sin embargo, el Presidente se negó a proporcionar detalles sobre el contenido del documento, limitándose a mencionar que existía cooperación entre ambas naciones en la búsqueda de justicia para el caso Ayotzinapa.
A pesar de estas declaraciones, el 18 de enero de 2023, la Oficina de la Presidencia de la República negó tener el expediente en sus archivos, en respuesta a una solicitud de información realizada por un ciudadano.
La oficina aseguró que, tras una "búsqueda exhaustiva y minuciosa", no se encontró dicho expediente.
Ante esta respuesta, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) revocó la resolución, argumentando que había evidencia de la existencia de estos documentos, tanto en la conferencia matutina de mayo de 2021 como en informes de la Comisión de la Verdad.
El INAI ordenó que se realizara una nueva búsqueda en varias dependencias de la Oficina de la Presidencia, señalando que era fundamental contar con la información entregada por Estados Unidos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
La comisionada Julieta del Río destacó que la cooperación internacional, especialmente en cuanto a intervenciones telefónicas relacionadas con grupos delictivos implicados, podría ser clave para arrojar luz sobre lo sucedido.
Carta del Presidente a los padres de los 43
En septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una última carta a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la cual reconoció que, tras seis años de investigaciones, los avances fueron limitados.
En el documento, el mandatario señaló a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, como uno de los principales responsables de la falta de cooperación para esclarecer el paradero de los estudiantes.
Durante la conferencia matutina, López Obrador presentó la carta y reafirmó que no existen pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas en 2014.
Destacó que El Gil había aceptado colaborar como testigo protegido, lo que permitió la identificación de los restos de dos de los estudiantes.
Sin embargo, el Presidente indicó que no se ha avanzado más debido a la falta de disposición de López Astudillo para seguir colaborando, a pesar de tener conocimiento sobre otros miembros de Guerreros Unidos y autoridades locales involucradas en el caso.
El presidente también mencionó que su gobierno mantuvo reuniones con diversos detenidos, ofreciéndoles beneficios a cambio de información sobre el paradero de los estudiantes, pero los resultados han sido escasos.
Desafíos en la investigación y la justicia
A lo largo de estos seis años, los avances en el caso Ayotzinapa han estado marcados por obstáculos significativos.
La falta de cooperación de actores y las denuncias de tortura en las investigaciones previas han dificultado la búsqueda de verdad y justicia.
A lo largo de su sexenio, López Obrador tomó múltiples medidas para abordar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desde la creación de la Comisión de la Verdad hasta detenciones de figuras clave en la anterior administración. Sin embargo, los desafíos persisten.
Durante su último informe de gobierno, el Presidente señaló que se avanzó en la investigación para encontrar a los normalistas, pero que se quedaba como "una asignatura pendiente".
Aun así, reafirmó que la búsqueda de los jóvenes continuará, lo cual fue confirmado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo no se daría carpetazo al caso.
MO