Quejosos ganan entre 70% y 80% de los juicios administrativos a las autoridades en Edomex: TJAEM

El mayor caso corresponde a los municipios y en especial a los más grandes, por el tamaño de sus administraciones.

Gerardo Becker Ania.| Foto (Tania Contreras)
Claudia Hidalgo
Estado de México /

En promedio, entre siete y ocho de cada 10 personas que interponen denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAEM), le ganan el juicio a las autoridades municipales y estatales, al demostrarles que incurrieron en excesos o ilegalidades, dio a conocer el presidente de este órgano, Gerardo Becker Ania.

De acuerdo con las resoluciones emitidas año con año, acotó que, en promedio, entre 70 y 80 por ciento de los casos tiene la razón la ciudadanía, la cual se queja de diversos actos cometidos por las autoridades, sobre todo contra el ámbito municipal, las cuales incrementan durante los cambios de administración.


El año pasado se promovieron ante el Tribunal mil 57 juicios, de los cuales 557 fueron en contra de autoridades estatales y 499 en contra de municipales. El incremento con relación al año 2021 fue de 41 por ciento. De esto se derivaron 109 mil 849 acuerdos y sentencias.

En este año ya se refleja un crecimiento de los asuntos que llegan al TJAEM, donde suman entre 2 mil 500 y 3 mil asuntos, pero se considera como un incremento normal, nada significativo o fuera de serie, como cuando se dicta alguna medida relacionada con el cobro de multas de tránsito, entre otras acciones.


Los temas de los asuntos que llevan son recurrentes, lo que se registra año con año, como son quejas por la tardanza en la autorización de pensiones, incumplimiento en el pago a proveedores, responsabilidades administrativas, por un incremento al predial o al agua que no consideran justo.

“Es un incremento normal, todavía no hay algo significativo que llame la atención. Eso por lo regular, sucede más en los cambios de administración. Esperamos que haya un pico mayor en el próximo año, pero tenemos que esperar” esto se debe a que los pagos se retrasan o se suspenden, entre otras decisiones.

El mayor caso corresponde a los municipios y en especial a los más grandes, por el tamaño de sus administraciones y el número de acciones que llevan a cabo.


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