Héctor Salomón Galindo Alvarado, representante legal de la empresa DNV, cuenta con una trayectoria pública relacionada con la administración del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.
La mañana del miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó el tercer y último informe elaborado por DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro como deficiente, tendencioso y falso, razón por la que rescindirá su contrato.
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Galindo Alvarado es representante y asesor legal de DNV desde julio de 2019, es egresado de Derecho por la Universidad Autónoma de México y cuenta una maestría en Gobierno Corporativo y Derecho Comercial Internacional por la Universidad de York, Reino Unido.
La empresa que representa tiene su sede principal en Noruega y se fundó en 1864, desde entonces ofrece servicios de certificación, evaluación y formación a las organizaciones.
Él se desempeñó en diversos cargos públicos desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
De octubre de 2008 a marzo de 2010, Galindo Alvarado fue especialista profesional del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
De acuerdo con su currículum, en esta posición se encargó de los Contratos y Convenios celebrados por el Instituto en Materia Civil, Mercantil, Arrendamiento y de Colaboración. Asimismo, capacitó a diversos Sujetos Obligados en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales.
En 2012, el abogado interpuso una denuncia ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (hoy INE), en contra del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano que abanderaron al entonces candidato, acusándolos de conductas contrarias a la normatividad electoral.
De julio de 2013 a julio de 2015, el abogado continuó su labor de servidor público peñista, al encargarse de la Subdirección de Revalidación y Asuntos Internacionales de la SEP, cuando Emilio Chuayffet Chemor era titular de la dependencia.
Entre las labores que realizó como funcionario de Educación Pública, se encuentran haber sido responsable del otorgamiento de la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNi) y representante internacional ante el Programa Binacional de Educación Migrante.
De octubre de 2016 a septiembre de 2017 trabajó para DNV, desempeñándose como asesor de contratos. Su historia laboral describe que durante ese año fue consejero jurídico para las compañías Oil & Gas, Energy y Software, Maritime y Business Assurance.
En la empresa noruega también fue responsable de la negociación de cada contrato en todas sus unidades de negocio, además de encabezar procesos contenciosos coordinando y supervisando firmas de abogados.
El abogado volvió a un cargo público a finales de 2017, en esa ocasión como director de Análisis Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y en julio de 2019 volvió a la compañía DNV.
Por su trayectoria como funcionario, Sheinbaum Pardo considera que el contenido del tercer informe forma parte de un conflicto de interés.
“Entre otras cosas aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”, comentó la jefa de Gobierno.
FS