El hallazgo de 19 cuerpos en La Barranca de la Aurora, Veracruz en 2016, puso bajo la lupa del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (PAN) a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) que trabajó en la administración anterior de Javier Duarte (PRI).
Desaparición forzada, obstrucción en las investigaciones y colusión para evadir a la justicia fueron algunos de los cargos que se imputaron a la veintena de policías y servidores públicos presuntamente involucrados y posteriormente arrestados. Pero aún no se daba con el paradero del principal retrato y nombre detrás del caso: Luis Ángel Bravo Contreras.
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Ubicada a tan sólo 15 minutos del puerto veracruzano, cerca del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, la Barranca de la Aurora se consagró como la fosa clandestina más grande de México y, bajo la óptica del gobierno de Yunes, el retrato de la crisis de violencia heredada de Javier Duarte.
El predio albergó más de 200 cadáveres distribuídos en alrededor de 130 fosas más pequeñas. Los restos que se llegaron a identificar correspondieron a personas desaparecidas en 2013— el tercer año de gobierno del priísta—, e incluso dos de ellos fueron identificados como miembros de la propia FGE.
Pero fue el hallazgo de 19 restos en ese mismo lugar, en enero del 2016, lo que años después cobró factura a Duarte de Ochoa y a su fiscal general y cercano, Luis Ángel Bravo Contreras. Ello tras ser señalados de haber ocultado la cifra real de cuerpos en apoyo con otras autoridades de la FGE.
La mega fosa de México
Si bien Javier Duarte fue detenido en 2017 por presunta delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita, no fue hasta el 2021 que la justicia le imputó el delito de desaparición forzada relacionada con los 19 cuerpos encontrados en La Barranca de Aurora.
Las indagatorias señalaron al ex mandatario de instruir a Luis Ángel Bravo a que sólo se anunciara el hallazgo de 6 restos en ese predio y no 19. Consecuentemente, el Fiscal General giró la orden a personal bajo su mando a fin de acatar la orden y ocultar los otros 13 cuerpos restantes.
De ese modo Luis Ángel Bravo se convirtió en el “pez gordo” de la Fiscalía, ya encabezada por Jorge Winckler, la cual en mayo del 2018 giró una orden de aprehensión ofreciendo hasta 5 millones de pesos por información de su paradero. Sin saberlo, dicha búsqueda encaminó al fiscal que Yunes Linares defendió por “sentir, vivir y sufrir” la crisis de desaparecidos al mismo destino de su antecesor: la cárcel.
Cuando las cartas se voltean
Luis Ángel Bravo fue capturado en junio del 2018 mientras salía de un restaurante de la tienda Sanborns de la Ciudad de México (CdMx). Un logro al que Winckler Ortiz habría obtenido— en parte— a costa de secuestrar y torturar a Francisco Zárate, ex escolta de Bravo Contreras.
Según la denuncia interpuesta en el 2018, Zárate había sido citado por la Fiscalía para rendir su declaración respecto a las investigaciones del caso Bravo Contreras. Una vez ahí, cuenta la víctima, fue blanco de torturas por parte de elementos ministeriales para que revelara el paradero de su ex jefe.
“Lo querían obligar a que dijera dónde estaba el ex fiscal. Pero él no lo sabía y fue torturado psicológicamente para que les dijera dónde estaba”, declaró en entrevista con Grupo Fórmula el abogado de Zárate Aviña, Arturo Nicolás Baltazar.
Jorge Winckler subió a la titularidad de la FGE veracruzana en 2016 poco después que Miguel Ángel Yunes rindiera protesta como gobernador. Su periodo como fiscal estaba previsto a finalizar en 2025, pero en septiembre del 2019 el Congreso local lo separó temporalmente de su cargo en plenas tensiones con el gobernador Cuitláhuac García, quien lo acusaba de tener nexos con el crimen organizado.
Unos días después la justicia volvió a golpear al ex fiscal tras girar una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en contra de Francisco Zárate Aviña. La instrucción también salpicó a los fiscales especializados Luis Eduardo Coronel Gamboa, Marcos Even Torres Zamudio, Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González Hernández.
Winckler es separado de su cargo en la FGE
A partir de aquel septiembre del 2019 no se supo más del paradero del ex fiscal, quien ya era un objetivo prioritario para la Estrategia de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Cabe señalar que antes de las órdenes de aprehensión, Jorge “N” libró un proceso de juicio político en su contra por el caso de Zárate Aviña. Su defensor, Moisés Melhem Marcos, alegó que la demanda se sustentó con falsedades e ignorando la resolución en la que un juez federal negó la existencia del delito.
Pero la defensa del ex escolta insistió en la culpabilidad del ex fiscal, pues, dijo, la actitud que había demostrado en la audiencia de pruebas y alegatos es propia de alguien que admite su culpabilidad.
“Vi al señor riendo de manera cínica en todo momento y a la única persona que he visto reír así cuando es llevada a juicio por su responsabilidad es a la Barbie, cuando lo detuvieron; también a él (Javier Duarte de Ochoa) lo vi sonreír de esa forma; lo que significa es que el señor (Jorge “N”) está consciente de que es un criminal”.
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La caída del ex fiscal
Luego de tres meses prófugo, finalmente Jorge Winckler fue detenido por elementos del Ejército Mexicano, la SSPC y Policía de Veracruz en Puerto Escondido, Oaxaca, en julio del 2022; y trasladado inicialmente al Penal de “Pancho Viejo”, en la capital de Veracruz.
Poco después el ex fiscal “brincó” al penal del Altiplano, en Estado de México (Edomex) tras ser vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. Durante su estancia la defensa había conseguido un cambio de medida cautelar para seguir el proceso en prisión domiciliaria.
Sin embargo, y de manera sorpresiva, el 16 de febrero del 2024 el fiscal regresó al penal en tierras veracruzanas pero acusado por un nuevo delito del mimo caso (de Zárate): el de tortura.
ASG