A pesar de tratarse de un ejercicio que debe ser impulsado desde la ciudadanía, el gobierno federal presumió en el Quinto Informe la celebración de la consulta sobre la revocación de mandato del Presidente de México como un logro del “proceso de consolidación de la democracia como forma de gobierno”.
En el documento, se destacó que “el ejercicio realizado el 10 de abril de 2022 fue un hecho histórico que refuerza la democracia participativa en México y a la vez obliga al Gobierno de la Cuarta Transformación a actuar con rectitud, honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, y a no ver el presupuesto como un botín porque la gente no se lo permitiría”.
El informe explica que la Ley Federal de Revocación de Mandato prevé este ejercicio como el derecho ciudadano de ser consultados respecto a la permanencia en el mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y se podrá solicitar por una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.
Además, añade que este derecho compete a las y los ciudadanos en el orden de al menos 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, de al menos 17 entidades federativas.
Por otra parte, en el rubro sobre “Mandar Obedeciendo”, el Quinto Informe enumera la desactivación de seis “conflictos de gobernabilidad” entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023.
La información proporcionada por la Secretaría de Gobernación enlistó seis grupos de organizaciones con las cuales se dialogó para conjurar manifestaciones de protesta.
Esas seis organizaciones fueron la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas; la Coordinación por los Derechos de los Trabajadores y los Pueblos de México, encabezada por el Frente Popular Revolucionario; diversas organizaciones de extrabajadores ferrocarrileros; la Alianza de Colonos Independientes y Espíritu México en Redes Diez del Estado de México; Colonos Puntazul, Baja California y La Guadalupana, Quintana Roo y Ahorradores Defraudados JOV.
En el primer caso, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas solicitó la intervención del gobierno para la atención de temas como el asesinato de su dirigente en Baja California, un conflicto entre ejidatarios de Macuspana, Tabasco y la empresa Holcim Apasco y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Hidalgo.
La Coordinación por los Derechos de los Trabajadores y los Pueblos de México, encabezada por el Frente Popular Revolucionario demandó beneficios de vivienda, infraestructura hídrica y carretera, tenencia y regularización de la tierra.
Las organizaciones de extrabajadores ferrocarrileros, que representan a más de 15 mil personas, exigieron atención por los daños ocasionados por la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.
La Alianza de Colonos Independientes, A.C., y Espíritu México en Redes Diez, A.C., del Estado de México solicitaron la intervención del gobierno federal ante el gobierno de la entidad federativa y municipal, para presentar diversos proyectos que coadyuven con sus autoridades a incrementar el acceso a servicios públicos.
Colonos Puntazul, de Baja California, y La Guadalupana, A.C., de Quintana Roo, pidieron regularizar sus predios.
En tanto, los Ahorradores Defraudados JOV, S.C., demandaron la asesoría y orientación legal de procesos judiciales en trámite.
EHR