Con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, retiro el fuero al legislador petista Mauricio Toledo y dio luz verde al ejercicio de la acción penal en su contra por enriquecimiento ilícito, aunque el inculpado salió de México con destino a Chile desde el 26 de julio.
Después de tres horas de discusión, los diputados avalaron por mayoría el dictamen de la Sección Instructora, en el que se documenta el “incremento sustancial” del patrimonio de Toledo, quien sumó entre 2012 y 2018 depósitos por 20 millones 826 mil pesos en sus cuentas, pero solo reportó ingresos por 9 millones 406 mil pesos.
No obstante, el grupo parlamentario del PT, al que pertenece el legislador desaforado, calificó el Jurado de Procedencia como un circo y por ello anunció desde la tribuna su decisión de abandonar la sesión.
Durante la presentación de los cargos, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía de Ciudad de México, Rafael Chong, reveló que Toledo salió de México con destino a Chile desde hace 17 días.
“Según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio, el territorio nacional con destino a Chile. Esta salida del país del diputado deja una sombra de duda sobre su disposición a llegar a la verdad. Por ello, le hacemos un llamado a que regrese de inmediato y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor honesto no huye ni se esconde”, puntualizó.
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Minutos después, desde Chile, Toledo reviró a los señalamientos del fiscal anticorrupción, al señalar que es hijo de padres chilenos y su partida “obedece a compromisos contraídos con anticipación”.
“Mis actos legales no están sujetos a persecución política o al contentillo de persona alguna. Los mexicanos entran y salen libremente del país. Es un derecho consagrado en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos firmados por México y no están sujetos a la persecución de un grupo que tiene vendettas”, indicó.
Previamente, el diputado Toledo presentó su solicitud de licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, en un intento por frenar su desafuero.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, confirmó, sin embargo a MILENIO, que la solicitud de licencia se tramitaría, en su caso, hasta la próxima semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero sin detener la discusión y votación del desafuero.
En su turno ante el Jurado de Procedencia, el abogado del legislador, Epigmenio Mendieta, acusó a la Sección Instructora y al presidente de esa instancia, Pablo Gómez, de violentar el debido proceso utilizando al órgano jurisdiccional como un mecanismo de presión y represión contra un adversario político.
“Al existir una clara parcialidad en el proceso, podemos concluir que lo que se decidirá hoy es una venganza de carácter política”.
El diputado morenista Pablo Gómez negó en su oportunidad el uso político de la Sección Instructora y dijo que eso fue en el pasado: “Ha actuado con apego a la legalidad, sin prejuicio político, sin interés político, simplemente sobre la base de lo que se presenta ante nosotros de parte del MP y de parte del inculpado en la defensa y en la respuesta que hace frente al MP que lo señala. No es mandar a la cárcel a nadie, es permitir que la justicia diga, nada más”.
Al fundamentar la posición del PT contra el desafuero, el diputado Benjamín Robles acusó un “profundo desaseo” y múltiples irregularidades en el proceso de la Sección Instructora. Afirmó que la resolución no dividirá al bloque de la 4T en la Cámara, aunque su bancada dejó el salón de plenos.
“Se equivocan quienes creen que este asunto causa división o ruptura; la 4T está más firme que nunca. El PT ha tomado la decisión de abandonar esta sesión, no participaremos en esto que consideramos evidentemente algo muy cerca a un circo que ya ha tomado una decisión”.
Las bancadas de Morena, PAN, MC, PRD y PVEM votaron a favor del desafuero, mientras el PRI y el PVEM se dividieron, y el PT se pronunció en contra.
También aprueban retirar la protección a Huerta
A sólo 21 días de concluir la actual Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó con 447 votos a favor y dos abstenciones el desafuero del legislador Benjamín Saúl Huerta, señalado por la Fiscalía de Ciudad de México como presunto responsable de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra un joven de 15 años y una persona mayor de 18 años, respectivamente.
En sesión semipresencial y bajo protocolos sanitarios, el pleno cameral declaró procedente el ejercicio de la acción penal contra el ex morenista, sin prejuzgar sobre su inocencia o culpa bilidad. Solamente los diputados Agustín García y Paola Tenorio se abstuvieron en la votación y evitaron la aprobación unánime.
En representación de la Fiscalía de CdMx, la coordinadora de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Laura Angelina Borbolla, relató los hechos imputados al legislador y pidió al Jurado de Procedencia retirarle la inmunidad procesal.
“La ley que emana del honorable Congreso de la Unión implica, sin distinción alguna, estricta observancia, por lo que su transgresión no debe quedar impune, principalmente cuando las víctimas son menores de edad, ya que de lo contrario se estarían vulnerando la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Sostuvo que el Ministerio Público cuenta con pruebas sólidas, robustas y científicas para ejercer la acción penal contra Huerta.
Entre las pruebas destacan los testimonios de “la víctima adolescente de identidad reservada, así como de su madre y padre, además de peritajes, informes policiales e incluso la hoja de ingreso al hotel Exe Cities Reforma, con fecha de llegada de 20 de abril de 2021 y salida un día después.
Los abogados defensores de Huerta, Pavel Arenas y Juan José Salazar, acusaron, sin embargo, desaseo en el proceso y violaciones al debido proceso, así como una probable violación al principio de presunción de inocencia.
“Aquí el debate no es si Huerta incurrió o no en la comisión de un acto delictivo. No es si hizo o deshizo, aquí la litis se vincula en el proceso político-jurídico en que estamos envueltos”, explicaron.
Cuestionaron asimismo un “linchamiento mediático” contra su cliente, al tiempo de denunciar la “filtración” del contenido de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de CdMx.
El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, negó los señalamientos: “El Jurado de Procedencia responde a una solicitud presentada por el MP contra una persona con inmunidad procesal penal por su carácter de diputado. No es mandar a la cárcel a nadie. No somos la justicia”.
Acusan a Laura Bozzo de fraude por vender inmueble embargado
Laura Cecilia Bozzo fue vinculada a proceso por el delito de evasión fiscal, por lo que un juez ordenó que sea recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de televisión tenía hasta la medianoche para entregarse, de lo contrario sería considerada prófuga.
Funcionarios allegados al caso detallaron a MILENIO que el delito fiscal llamado “depositaria infiel” tiene una pena de tres a nueve años de prisión. Bozzo vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual garantizaba el pago de un adeudo por 12 millones 760 mil 71 pesos.
Por ello, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una denuncia. El juez a cargo de la audiencia, a petición de la Fiscalía General de la República, ordenó prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, a donde Laura Bozzo deberá entrar por su propio pie en las próximas horas, lo anterior por no acreditar fehacientemente cuál es su domicilio permanente, por lo que hay “riesgo de fuga”.
Funcionarios detallaron que la conductora “pretendía burlarse de la autoridad fiscal vendiendo el inmueble embargado para omitir el pago de contribuciones”