Con 28 votos a favor los diputados locales aprobaron por unanimidad, en sesión extraordinaria, la minuta del proyecto de decreto que reforma al artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, enviada por el Congreso de la Unión, la cual aplicará ahora a los delitos de corrupción, ilícitos cometidos por servidores públicos y robo de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.
La minuta contempla que la extinción de dominio no es una confiscación, siempre y cuando la aplicación de bienes de una persona sea decretada para el pago de multas e impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
Se establece que no se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes, cuando los servidores públicos y particulares incurran en responsabilidad frente al Estado.
Mediante el procedimiento jurisdiccional de carácter civil se podrá solicitar la extinción de dominio y será procedente sobre el patrimonio del imputado, cuya procedencia legítima claramente no pueda comprobarse.
Se deberán garantizar los medios de defensa para demostrar que los bienes sujetos a esa acción son de procedencia legal.
El procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza civil, lo que establece una previsión procedimental al modificar el estándar probatorio o el nivel de rigor probatorio para que en un litigio civil el Ministerio Público considere que el bien incorporado al patrimonio de una persona que es investigada por la comisión de ciertos delitos tiene una procedencia ilegitima.
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El presidente de Junta de Gobierno del Congreso del estado y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Raúl Baptista González, aseguró que la reforma no se contrapone al marco de respeto a los derechos humanos. “Por el contrario, posibilita un contexto de seguridad jurídica y garantías que el país exige”, dijo.
Sin embargo, apuntó que aunque la figura, concepción y principios de la extinción de dominio se robustece ante la problemática nacional, tanto en el aspecto procedimental como en la eficiencia y la seguridad jurídica, no se debe dejar de ver el panorama completo, “es decir, dirigir esfuerzos a fortalecer el tejido social y a recomponer el daño que ha causado en especial la práctica del robo de hidrocarburos”.
En tanto, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía, puntualizó que el tema central es acabar con la corrupción y hacer frente a la delincuencia organizada con inteligencia y decisión, “ya que las personas que están delinquiendo incurren en conductas cada vez más complejas y sofisticadas para ocultar los recursos derivados de sus actividades”.
De ahí –agregó- la necesidad de dotar al Estado mexicano de herramientas eficaces que debiliten a las organizaciones delictivas y desmantelen sus estructuras financieras.
Subrayó que la extinción de dominio será la figura idónea para que el Estado mexicano pueda incautar bienes muebles e inmuebles derivados de los hechos de corrupción o actividades ilícitas como el huachicol.
Finalmente, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Asael Hernández Cerón, señaló que en el PAN desean que con esta reforma el gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dé los resultados que todos los mexicanos anhelan.
La diputada priista Adela Pérez Espinosa y la diputada de Morena, Susana Ángeles Quezada, fueron las dos legisladoras que faltaron a la sesión extraordinaria.