La disputa que hace más de tres años enfrentó a Mayra Ojeda con Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, por la dirigencia del PRI en Tamaulipas fue reactivada y ha llegado nuevamente a la justicia electoral federal, luego de que la hoy regidora impugnara la resolución que descartó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
El expediente SM-JDC-107/2026 comenzó a integrarse en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y tiene como antecedente la sentencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas mediante la cual se confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI.
El conflicto se remonta a diciembre de 2022, cuando Ojeda Chávez, entonces secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, se encontraba con licencia por maternidad. Durante su ausencia, el Comité Ejecutivo Nacional del partido designó a Carlos Ernesto Solís Gómez como presidente provisional del PRI Tamaulipas.
Mayra Ojeda cuestionó esa decisión y posteriormente presentó una denuncia por violencia política de género contra “Alito” como dirigente nacional del tricolor. Ella sostenía que, ante la ausencia de un presidente estatal, correspondía a ella, como secretaria general, asumir la dirigencia por prelación.
En marzo de 2023, después de la renuncia de Solís, el propio PRI notificó a Ojeda que asumiría la presidencia estatal en esa calidad. Sin embargo, el procedimiento por violencia política de género siguió su ruta jurídica. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria determinó que no se acreditaba la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Mayra Ojeda controvirtió esa resolución y el asunto llegó al Tribunal Electoral de Tamaulipas.
En su sentencia, el Trieltam confirmó la resolución partidista al considerar que no se acreditaron los elementos necesarios para actualizar la violencia política de género. El expediente señala que el análisis se concentró en determinar si los hechos denunciados habían afectado algún derecho político-electoral de la promovente y si podían encuadrarse jurídicamente como violencia política de género.
Ahora, Ojeda Chávez llevó nuevamente el caso ante la justicia electoral federal. La ficha del Tepjf identifica el asunto como SM-JDC-107/2026, promovido contra la sentencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas que confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia del PRI.
El punto central que permanece en litigio no es solamente quién debía ocupar temporalmente la dirigencia del PRI, sino si la decisión adoptada durante la licencia de maternidad de ella constituyó o no una afectación a sus derechos político-electorales y, específicamente, si reunió los elementos jurídicos para ser considerada violencia política contra las mujeres en razón de género.
Por ahora, lo que existe como determinación judicial es que el Trieltam confirmó la inexistencia de la violencia política de género denunciada y sobreseyó el caso. La llegada del expediente a la Sala Monterrey abre una nueva etapa de revisión federal del caso.