Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, consideraron que no aceptaran “una verdad” infligiendo la tortura, luego de conocer el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo que no pueden “hacer como que no vemos las torturas que se infligieron a las personas que están bajo proceso, además que la PGR alteró documentación.
“Ese es el patrón bajo el que se conduce la PGR para hacer investigaciones en el país”, dijo.
El abogado señaló que este conjunto de irregularidades, como la tortura y la manipulación del expediente, “ha enturbiado el proceso” y por ello no se puede conocer la verdad.
Recordaron que la tortura documentada por el Alto Comisionado se cometió contra 34 de los 129 detenidos por su presunta vinculación con el caso Iguala, donde uno de ellos supuestamente murió cuando era interrogado por elementos de la Marina.
Reiteraron que no permitirán que se cierre el caso pese a que hay más de 120 detenidos, como Felipe Flores, quien era el director de Seguridad en Iguala, durante la gestión de José Luis Abarca.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, informó que en lo que queda del actual sexenio insistirán en “seguir la ruta de las cuatro líneas de investigación que presentó el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH).
“Solo si hay resultados en esas cuatro líneas de investigación estaremos viendo un giro de tuerca y un cambio de actitud política”, aseveró.
Mario César González, padre de César Manuel, uno de los normalistas desaparecidos, aseguró que “no podemos admitir una declaración bajo tortura, porque eso significa que el torturador quiere oír lo que él quiere, no la verdad que tienen el torturado; este informe confirma algunas de las cosas que en su momento dijo el GIEI y lo que nosotros siempre habíamos dicho, que había torturados”.
INCORPORARÁ DOCUMENTO
La CNDH anunció que incorporará a sus investigaciones el documento presentando por la Oficina del Alto Comisionado, el cual alude 34 casos de presuntas violaciones a derechos humanos de personas procesadas en el caso Iguala.
Informó que a la fecha han tramitado 72 quejas interpuestas por inculpados en el caso Iguala, de los cuales cuatro son por posible maltrato en la detención, 11, por posible detención arbitraria y 57, por posible tortura.
La CNDH detalló que ha hecho diversas diligencias, entre las que destacan evaluaciones médicas y psicológicas, que han incluido la aplicación del Protocolo de Estambul en todos los casos relativos a presunta tortura o malos tratos.
Del mismo modo, se han formulado requerimientos de información a la PGR, a distintos penales y juzgados federales sobre las actuaciones relacionadas con las puestas a disposición y declaraciones de los detenidos.