La iniciativa que buscaba garantizar una pensión universal para las personas con discapacidad de entre 30 y 64 años no logró los votos necesarios para avanzar. El dictamen obtuvo 24 votos a favor y 12 abstenciones, pero al tratarse de una reforma constitucional se requerían al menos 26 votos para su aprobación.
La propuesta impulsada por Morena, PT, Hagamos y Futuro buscaba que Jalisco reconociera en su Constitución el derecho a recibir esta pensión y que, mediante un convenio con la Federación, el financiamiento se repartiera en partes iguales: 50 por ciento federal y 50 por ciento estatal.
Desde tribuna, el diputado Leonardo Almaguer acusó que la discusión no debía reducirse a una disputa entre partidos y cuestionó directamente la postura de Movimiento Ciudadano. “Los programas pueden cambiar, los presupuestos cambiar, los gobiernos cambiar; los derechos deben de permanecer.”
El diputado petista defendió que la pensión no sustituiría los programas estatales, sino que los complementaría. Incluso puso sobre la mesa una bolsa cercana a 895 millones de pesos que, de acuerdo con su revisión presupuestal, se destina a conceptos como difusión en medios, viáticos, congresos, consultorías, registro vehicular y servicios de internet.
La respuesta llegó desde Movimiento Ciudadano. La diputada Ana Fernanda sostuvo que su bancada no votó en contra del derecho de las personas con discapacidad, sino que decidió abstenerse por considerar que la iniciativa tiene problemas técnicos y financieros.
Entre sus argumentos, señaló que el dictamen dejaría fuera a la Federación, pese a que la Constitución federal establece su responsabilidad en materia de pensiones, y advirtió que el costo para Jalisco sería considerablemente mayor al presupuesto destinado actualmente a los programas estatales.
“El día de hoy, la razón por la que Movimiento Ciudadano vota en abstención es porque también existe ya encaminado un proyecto de consulta popular que se debe hacer y que inclusive se dialogó en este congreso.”
La bancada naranja argumentó que la propuesta implicaría comprometer alrededor de mil 600 millones de pesos del presupuesto estatal, sin garantías sobre el destino de esos recursos.
También acusaron a Morena de haber retirado anteriormente el 10 por ciento de un fondo de apoyo social para los municipios, equivalente a más de 500 millones de pesos anuales, bajo el argumento de destinarlos a pueblos originarios, pero señalaron que dos años después ese dinero no ha llegado a las comunidades.
Los emecistas defendieron que esos recursos ya se destinan en Jalisco a programas para personas con discapacidad, jefas de familia, personas cuidadoras y niñas y niños en situación vulnerable.
Por ello, Movimiento Ciudadano justificó su abstención y sostuvo que el debate no es sobre reconocer derechos, sino sobre cómo financiar la pensión sin poner en riesgo otros programas sociales.
SRN