La universidad pública tiene una relevancia toral en la vida de cualquier entidad federativa, porque su quehacer impacta en todos los aspectos de la sociedad y por la calidad moral que tiene en sí misma, como símbolo de los ideales de adelanto, democracia y paz.
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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) no es la excepción, goza de un prestigio acuñado desde hace por lo menos seis décadas en virtud de su autonomía, y 191 años como Instituto Literario de Toluca, su primera concepción.
Desde hace algunos años la UAEMex, junto con otras universidades públicas del país, se vio envuelta en un escándalo mediático cuyo origen jurídico no ha terminado de sustanciarse porque así son los tiempos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues los informes anuales relacionados derivaron en señalamientos de manejos inadecuados de recursos públicos.
“La espera y la ausencia de un dictamen final y de las respectivas consecuencias, han afectado a la universidad autónoma mexiquense, a la comunidad universitaria y el ánimo de la sociedad toda”, así lo ve el doctor en Derecho Jorge Olvera García, el hombre que en 2013, al iniciar su rectorado, tuvo que enfrentar el informe de los análisis de la ASF.
Considera que “cuando un ente de la magnitud y la altura moral de la UAEMex es señalado de esta manera, se vulnera sensiblemente una fuente de certidumbre para la sociedad”, por ello –afirma– es preciso que a ocho años de que la ASF observara inconsistencias en el uso y destino de recursos federales, se dé a conocer con toda claridad sobre el resultado de las investigaciones y se llegue a las consecuencias que marque la ley.
En mayo de 2013, narra el jurista Olvera García, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, “revisamos un esquema que la universidad había decidido implementar cuatro años antes para allegarse recursos a través de la figura que se denominó Proyectos Estratégicos; un esquema legal que permitía a la institución prestar determinados servicios y cobrar por ellos”.
“Vimos que además de ese esquema había otra figura: la Beca para impulsar Proyectos Estratégicos y que bajo estas dos fórmulas, la Universidad pudo concursar y adjudicarse hasta 250 convenios entre 2009 y 2013. Cuando asumí el cargo los revisamos minuciosamente y se determinó actuar para poner a salvo los compromisos contraídos por la institución, pues algunos convenios tenían condiciones que anticipaban un posible incumplimiento para la UAEMex. Yo solo firmé uno en alcance a uno anterior, para evitar alguna responsabilidad por incumplimiento”, detalla.
Jorge Olvera reseña además que la primera decisión fue detener la operación de los Proyectos Estratégicos; pero esos convenios tenían una vigencia de varios años, eran proyectos a mediano plazo que debían renovarse año con año. En 2016, recalca, “todos se concluyeron definitivamente; con ello, la universidad dejó de participar por completo en el esquema de convenios con el gobierno federal y fue puesta a salvo”, puntualiza.
En 2015, ante los hallazgos de ASF y de la misma Universidad, Olvera García promovió denuncias en dos instancias: en primer lugar, enumera, se promovió una ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General; en ese caso, explica, se trató de una denuncia contra quien resultara responsable en las observaciones y conclusiones que dictó la ASF, pues se trataba del uso de recursos federales.
La segunda fue en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, actualmente Fiscalía General, “porque la propia UAEMex detectó irregularidades en un contrato celebrado en 2011 con la Secretaría de Finanzas del gobierno de Oaxaca, que comprometía a la institución a diseñar un software que no se entregó al cien por ciento pero que la dependencia sí pagó con un costo de 56.3 millones de pesos”, explica.
“Ese convenio fue firmado de motu propio por dos empleados de la casa de estudios, y esa cantidad nunca entró a las arcas universitarias; nadie pudo acreditar entonces un depósito o transferencia que diera fe de ello; estamos hablando de que se hizo mal uso del nombre de la universidad y de que alguien abusó de su encargo para concretar un contrato que a la postre se incumpliría y por el cual el gobierno de Oaxaca interpuso una demanda”, detalló Olvera García.
A principios de 2017, la denuncia presentada ante la entonces Procuraduría estatal derivó en la detención de quienes, en 2011, fungían como directores de Servicios Financieros y de Tecnologías de la UAEMex. A seis años de que comenzaran a llegar las observaciones de la ASF, se está a la espera de una resolución definitiva de parte de autoridades federales, pues ha pasado el tiempo “y el asunto sigue siendo utilizado para desacreditar a personas y, sobre todo, a una institución del más alto valor para la sociedad”.
Recientemente, el rector Alfredo Barrera Baca solicitó a la FGR informar el estatus de la denuncia promovida por Olvera García en 2015, cuando era rector, quien enfatiza que por parte suya siempre hubo y habrá un ánimo de colaboración con la autoridad federal.
Jorge Olvera dice estar tranquilo y convencido de que la resolución sobre las auditorías realizadas a la UAEM darán certeza a la sociedad mexiquense: “Esperamos que las autoridades concluyan pronto las investigaciones y, mientras tanto, en el afán de dar transparencia, les recuerdo que las auditorías son públicas y están ahí para ser revisadas y valoradas por quien tenga ese interés”, concluyó.
LC