Entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en México, advirtieron la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Al presentar un informe que detalla las causas de este grave problema social, enfatizaron que en todas las entidades federativas del país hay niños en riesgo; sin embargo, más de la mitad de la población en vulnerabilidad se concentra en siete estados: Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.
El documento Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, revela que esta condición de vulnerabilidad está ligada al contexto de violación a los derechos humanos en que se desarrollan las infancias, como la pobreza, abandono, falta de oportunidades, violencia familiar y hasta el entorno social o la cercanía en zonas con presencia de grupos delictivos, quienes se aprovechan, no sólo de esta situación para integrar a niños y jóvenes a actividades ilegales, sino también toman ventaja del sistema judicial y las bajas sentencias aplicadas en menores cuando son detenidos.
En conferencia de prensa, los titulares de Redim y ONC expusieron que las actividades delictivas generalmente comienzan colocándolos como halcones o informantes, y conforme se les asignan mayores “responsabilidades”, son promovidos para tareas más peligrosas, como trasladar mercancías ilegales o vigilar casas de seguridad, hasta ser obligados a participar en conflictos armados que ponen en riesgo su vida e integridad. Incluso aseguraron que siendo menores de edad se les llega a asignar la ejecución de secuestros y homicidios.
Una observación con enfoque de género la cual refirió Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, es la condición de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes a ser tratadas como esclavas sexuales, como mujeres de los comandantes y miembros de la organización, y a ser sometidas a la planificación forzada e incluso a embarazarse o abortar obligatoriamente.
Francisco Rivas, director general del ONC, señaló que en muchas ocasiones unirse a las filas del crimen es la única oportunidad que tiene esta población para salir del contexto de marginalidad social y económica en que vive. Situación que se agudiza porque México vive la peor crisis de violencia en la historia y, según él, las autoridades optaron por la implementación de políticas reactivas (militarización de la seguridad) que provocaron su aumento y el de las violaciones a derechos humanos.
Además, la investigación advierte que, “pese a este tipo de iniciativas del Estado mexicano”, persiste una omisión de políticas sociales que garanticen el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes como medida de prevención.
Ante esta problemática, ambos organismos hicieron una serie de recomendaciones entre las que se encuentran:
1. Las fiscalías deben diseñar estrategias de seguimiento e intervención con personal ministerial enfocadas a la sistematización de carpetas de investigación y casos en los que se haya identificado a niños y adolescentes involucrados en actividades delictivas.
2. Procesar, clasificar, sistematizar y utilizar de manera coordinada información oficial proveniente de las instituciones del Estado para identificar el número de niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos y así generar un diagnóstico más preciso de este fenómeno.
3. Diseñar programas y acciones que busquen erradicar situaciones de vulnerabilidad en las que niños y adolescentes se encuentran, específicamente en los casos en que:
No asisten a la escuela o no están protegidos sus derechos, se encuentren en el mercado laboral o en alguna situación conyugal distinta a solteros, así como en un contexto de alta incidencia delictiva e inseguridad.
JLMR