El aplazamiento de la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa dejó en suspenso el futuro del Instituto Nacional para la Infraestructura Educativa (Inifed), así como la definición de responsabilidades para la edificación y mantenimiento de los planteles escolares.
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El próximo 26 de agosto iniciará el ciclo escolar 2019-2020 y aún hay 6 mil 796 planteles escolares que están en proceso de reparación o no cuentan con el recurso para su rehabilitación.
Del total de 19 mil 194 escuelas afectadas tras los sismos de 2017, unos 12 mil 396 planteles ya fueron rehabilitados (64.5 por ciento); unos 3 mil 868 están en proceso de mantenimiento (20.1 por ciento); 2 mil 037 están a la espera de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para su conclusión (10.61 por ciento); y unos 891 planteles no cuentan con recursos (4.64 por ciento).
La mayoría de los planteles que aún faltan por atender se encuentran en Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Tras la cancelación de las audiencias públicas programadas para el 29 al 31 de julio, la Cámara de Diputados aplazó hasta septiembre la discusión y, en su caso, aprobación de las leyes secundarias en materia educativa, que justo en el apartado de la Nueva Ley general de educación se discutiría la desaparición del Inifed.
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La actual ley general de infraestructura física educativa contiene 33 artículos que regulan la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional y contemplan condiciones mínimas de calidad, seguridad, sustentabilidad y oportunidad de los planteles escolares.
No obstante, el nuevo ordenamiento que se plantea facultaría a las comunidades escolares, por medio de los Comités Escolares de Administración Participativa, para llevar a cabo proyectos de construcción, mejoras o mantenimiento de los planteles educativos.
Responsabilidad no puede ser de padres
Sergio Alcocer, ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y uno de los especialistas que colaboró de manera directa con el Inifed para la valoración de las escuelas del país tras los sismos de 2017, alertó que la responsabilidad de la construcción y mantenimiento de los planteles no puede dejarse solo en manos de los padres de familia.
Consideró que si el gobierno federal toma la decisión de desaparecer el Inifed, deberá asegurarse que exista un nuevo organismo que coordine a los técnicos responsables de construcción en el país, ya que las escuelas se tratan de instalaciones estratégicas, en las que está de por medio la seguridad de millones de niños y jóvenes.
“Seguramente habrá padres de familia que estén debidamente informados que hagan un buen mantenimiento y conservación, sin embargo, la gran mayoría no tendrá esa preparación para una obra mayor y se requerirá de que alguien, un organismo tipo Inifed, informe o capacite de cómo realizar un buen mantenimiento”, indicó.
Su experiencia tras la revisión de los planteles escolares luego de los sismos de 2017, arrojó que los mayores daños se registraron en aquellas escuelas donde las obras de mantenimiento habían quedado en manos de la comunidad escolar.
Defienden programa La escuela es nuestra
El pasado 16 de julio, la SEP anunció el programa La escuela es nuestra, con la cual prometió entregar 20 mil millones de pesos directamente a los planteles localizados en las comunidades más pobres del país.
En entrevista con MILENIO, Jorge Javier Jiménez, director del Inifed, rechazó que se trate de un programa que supla en su totalidad al actual instituto, no obstante, defendió que es un plan sexenal en el que irán de la mano con los gobernadores y comunidades escolares.
“Es un programa importante para atender la mayor parte de problemas de mantenimiento y de construcción de aulas, pero el programa en sí no sustituye al Inifed. El Inifed tendrá una revisión por parte del poder legislativo con la nueva ley general de educación.
“En sí el futuro del Inifed como institución no es relevante, lo que ocupa y preocupa al señor secretario Moctezuma es que preveamos el tema de la seguridad de las construcciones actuales y futuras. Lo que se está fortaleciendo es el papel de la ley en las instituciones locales que se dedican a la construcción de infraestructura y que en su momento podrían asesorar a los padres de familia en programas como la escuela es nuestra u otros programas”, dijo.
El funcionario aseguró que este esquema arrancará con el inicio del ciclo escolar, con un presupuesto de 2 mil 500 millones de aportación federal y otros 2 mil 500 millones aportados por los gobiernos de los estados.
Indicó que este año la meta es atender entre 10 mil y 12 mil escuelas de educación básica, media superior y superior en zonas de alta marginación e indígenas como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en función de la liberación de los recursos estatales.
La inversión de 20 mil millones de pesos, explicó, será con un horizonte sexenal y se etiquetarán ya recursos fijos para el programa en el presupuesto del próximo año.
Adelantó que hasta ahora más de 20 gobernadores han aceptado participar en el programa.
Precisó que en el caso de los planteles dañados por los sismos, la inversión seguirá corriendo a cargo del Programa Nacional de Reconstrucción.
Para este año, este programa cuenta con 8 mil millones de pesos, de los cuales 800 millones son para atender las afectaciones en el sector educativo.
“Es un programa de reconstrucción que seguirá vigente y va en paralelo al programa La escuela es nuestra. Se trata de un programa que cuenta con un plan intersectorial que coordina la Sedatu y que plantea terminar la reconstrucción entre 2020 y 2021”, señaló el funcionario.
RLO