El Plan B de la Reforma Electoral, además de debilitar al Instituto Nacional Electoral y favorecer al gobierno en turno, mantiene un escenario de incertidumbre social sobre las reglas electorales que van a regir en las elecciones de 2024, además que es de la más impugnada en la historia reciente, señaló el coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, Roberto Alonso Muñoz.
Mientras, el vocal ejecutivo de la 7 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto en Puebla, Diego Armando Maestro Oceguera, dijo que el Plan B que el pasado jueves se hizo oficial al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), más allá de compactar la estructura del INE e institutos locales, reducir los órganos distritales, se afectará la organización de las consultas infantiles y juveniles, parlamentos, ya que no se tendría el personal suficiente para dichas tareas.
En entrevista con MILENIO Puebla, Maestro Oceguera enlistó los principales impactos que tiene el Plan B, que es la reducción de la estructura desconcentrada del INE, toda vez que se compactan las estructuras, que se conforman por cinco vocales: un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de organización electoral, un vocal de registro federal de electores y un vocal de capacitación electoral y educación cívica.
La entrega de credenciales electorales, que era en un plazo de nueve días naturales, e incluso en periodos más cortos, se afectaría con los tiempos y tardar más tiempo del que se tenía; asimismo, los módulos de atención ciudadana se instalarán en edificios de autoridades federales, estatales y municipales, lo que pone en riesgo el debido tratamiento de los datos personales de la ciudadanía, pues los módulos se tienen en edificios estratégicos en zonas donde pueden operar de manera adecuada.
“Se tienen en distancias menores de 10 kilómetros de la población promedio, y se cuenta con la vigilancia propia del INE, aplicándose esta reforma, los módulos se trasladarán a espacios de las autoridades municipales, estatales y federales, el resguardo ya no quedaría a plenitud en manos del INE, sino que toda esa información y los datos que se recaban en la ciudadanía quedarían en parte del resguardo o al cobijo de autoridades distintas al INE”, apuntó al insistir que el INE ya no tendría el control al 100 por ciento, “se estaría compartiendo con otras instancias ajenas al INE”.
Para el tema del resguardo de boletas y paquetes electorales, desaparece la atribución de los capacitadores electorales y supervisores, por ello los presidentes de las Mesas Directivas sin ningún apoyo deberán trasladar la documentación hasta el Consejo Distrital “es decir tras más de 10 horas de jornada, tendrá que viajar varios kilómetros dependiendo donde esté el Consejo para entregar los paquetes electorales”.
Riesgo en que paquetería electoral no llegue a consejos distritales
En este tenor, resaltó que se corre un riesgo que la paquetería electoral no llegue a los Consejos Distritales, pues al no contar con esta figura de vocal de organización, pues, se afecta y aumenta el riesgo que esos paquetes pudieran tener mayor incidencia.
“En este caso, en el distrito 7 como hemos operado a la fecha, en las elecciones se han recibido en su totalidad los papeles electorales, y no es por presumir han llegado los paquetes sanos y salvos al Consejo Distrital”.
Ejemplificó que en el caso del Distrito 7 que se atienden a 13 municipios y que representa un padrón de 312 mil 917 personas con corte al 31 de enero de 2023, y una lista nominal de 309 mil 547 personas, es atendida por seis miembros del servicio profesional electoral, seis personas de apoyo secretarial, un enlace administrativo, una verificadora de campo, un mensajero y un cartógrafo, más 17 personas que trabajan en los módulos de atención ciudadana que son 3, dos de manera fija, un itinerante, en el pasado proceso electoral lograron la instalación de 482 casillas, en la consulta popular un total de 110 casillas, en el tema de revocación de mandato 196.
Así como en actividades de educación cívica, consulta infantil y juvenil, donde participaron 13 mil 477 niños, estas últimas, dijo, son actividades que serán impactadas por la reforma electoral.
“La Reforma Electoral se refiere que sería una sola persona un vocal operativo quien se haría cargo, ya no con los miembros del servicio electoral profesional, sino solamente con una persona permanente del servicio profesional electoral, quien tendría que llevar a cabo todas estas actividades, lo cual provocaría una sobre carga de trabajo para una sola persona. No se podría llevar una adecuada distribución de actividades con la especialidad que tiene cada uno de los vocales. El vocal de capacitación electoral y educación cívica se encarga de la capacitación del funcionariado de las mesas directivas de casilla, así como la consulta infantil y juvenil. El vocal de registro federal de electores, es la persona que se encarga de la operación de los módulos de atención ciudadana; y tan solo de septiembre de 2022 a febrero de 2023, se tuvieron 428 atenciones diarias”.
Del mismo modo, enlisto que el Plan B desaparece la figura del vocal de capacitación electoral y educación cívica, encargado de llevar la capacitación no solo refiere a la jornada electoral, sino a todo el proceso que son planeaciones y visualizaciones sobre las actividades que se llevaran a cabo en las bodegas electorales, ubicación de casillas, recorridos lugares donde se instalaran, “con la reducción del personal esas actividades estarían trastocando”.
Confían que impugnaciones sean favorables para el INE
Tanto el coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, Roberto Alonso Muñoz; y el vocal ejecutivo de la 7 Junta Distrital Ejecutiva del INE, Diego Armando Maestro Oceguera, hay una esperanza que con las impugnaciones presentadas por el Instituto Electoral del Estado, por las minorías de partidos políticos organizaciones civiles, se logre una controversia.
Alonso Muñoz reconoció que hay grandes expectativas luego que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite las 7 acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aclaró que, en el caso de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, siguen bajo las reglas electorales que se conocen, insistiendo que el Plan B “fue pensado y diseñado para el 2024”.
Reconoció, que la SCJN no tiene plazos “uno pensaría que tendría que ser antes que inicie formalmente el proceso electoral del próximo año, que si no me equivoco es en septiembre, pero hemos visto que la corte también ha sido omisa en las revisiones de recursos transcendentes”.
Diego Armando confió que los medios de impugnación pudieran declarar inconstitucional el Plan B de la Reforma Electoral, y dijo que otra posibilidad es que el Tribunal pudiera ordenar la suspensión de los efectos de la Ley, y que con esta suspensión de la ley y el proceso de 2024 se llevará a cabo con “las mismas reglas que tenemos actualmente”.
Otra opción es que los tribunales al declarar que esta reforma es constitucional.
“En este caso se tendría que aplicar de manera puntal las disposiciones que hayan sido aprobadas. Actualmente, para las controversias constitucionales y los juicios de amparo no cuentan un plazo específico para que puedan ser resueltos, entonces tanto el Instituto Nacional Electoral, los partidos minoritarios en el Congreso de la Unión, o las personas, la ciudadanía, y personal del INE que quisiera que se aprobaran su medio de impugnación, deberán estar sujeto a que los tribunales resuelven, sin embargo, no se cuenta con un plazo específico para ello”.
Para finalizar, el vocal de capacitación electoral y educación cívica de Junta Distrital de Tlaxcala, Emmanuel Ávila González, dijo que habrá que estar atento a lo que resuelva y determine la Corte.Dijo desconocer si la ciudadanía conoce a fondo el Plan B; sin embargo, las dos manifestaciones emprendidas demuestran el conocimiento de que hay una afectación y vulnerabilidad al Instituto Nacional Electoral (INE).
CHM