La iniciativa de reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos permitirá saldar la deuda histórica del Estado mexicano con dichas comunidades, afirmó la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera.
Sostuvo que con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador se logrará desterrar para siempre el racismo, la discriminación, el despojo y la invisibilización que han enfrentado los pueblos originarios.
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La legisladora de Morena señaló que la iniciativa presentada el pasado 5 de febrero retoma casi la totalidad de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996.
Recordó que una alianza de pueblos y organizaciones indígenas entregó en 2019 al presidente López Obrador una propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Dicho proyecto fue retomado y enriquecido a través de foros de consulta organizados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi).
Rivera, quien fue delegada del EZLN, recordó que el pasado 16 de febrero se cumplieron 28 años de los Acuerdos de San Andrés, luego de un amplio proceso de análisis y debate de algunos de los principales problemas y exigencias históricas de los pueblos indígenas, en el cual participaron expertos y representantes de decenas de comunidades de todo el país.
Detalló que la iniciativa del Ejecutivo para modificar el artículo 2 de la Constitución les reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía, sus sistemas normativos internos, educación indígena, intercultural y plurilingüe, acceso a medios de comunicación propios, fomento de las lenguas y culturas indígenas.
Prevé asimismo la protección de su patrimonio cultural, material e inmaterial y de su propiedad intelectual colectiva, el impulso de la medicina tradicional y la partería, la participación efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida comunitaria, el respeto a la integridad de sus tierras y lugares sagrados.
Además, el acceso a asignaciones presupuestarias administradas de manera directa por las comunidades, acceso a asesorías, intérpretes y traductores indígenas en todas las instituciones jurisdiccionales, derecho al desarrollo integral y sostenible de sus economías, derecho a la consulta libre, previa y culturalmente adecuada.
La senadora remarcó que el proyecto enviado a la Cámara de Diputados considera el reconocimiento de la capacidad jurídica de los pueblos originarios para impugnar medidas legislativas o administrativas que vulneren su vida comunitaria o entorno, al tiempo de reconocer el trabajo comunitario como parte de su organización sociocultural, lo cual es una innovación en la historia de la legislación indígena.
LP