Por unanimidad de votos, a petición de diputadas del PRI, PAN, MC y PT, el Congreso local reformó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, a fin de prevenir la violencia digital y la violencia mediática contra las mujeres.
En sesión ordinaria de Pleno, la coordinadora del Partido del Trabajo, Anylú Bendición Hernández, resaltó el hecho de dictaminar las iniciativas de manera conjunta, a efecto de mejorar la Ley y no determinar que una legisladora resalte más que otra.
“Trabajar en equipo es lo mejor, más cuando se trata de prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres a través de los medios tradicionales y de las nuevas tecnologías”, aseveró.
La Ley, se lee en el dictamen, establece que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño psicológico y emocional en cualquier ámbito de su vida.
“La violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que, de manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”, destaca el dictamen.
Hernández comentó que la reforma servirá de defensa para quienes resulten afectadas por el mal uso de las tecnologías o de los medios de comunicación.
“Quiero decir a las nuevoleonesas que vamos a vigilar que la Ley se cumpla y evitar que se cometan agresiones mediante las tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo las digitales”, agregó Anylú Bendición.
Por último, reconoció la responsabilidad social de los propietarios de las cadenas de radio y televisión, así como de las empresas digitales para establecer acciones y directrices que eviten la violencia digital y mediática.