Diputados de Morena y funcionarios federales de seguridad urgieron a crear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil para combatir el uso de tarjetas SIM de prepago en la comisión de los delitos de extorsión y secuestro, pero representantes de concesionarios y de la sociedad civil rechazaron la propuesta por considerarla ineficaz y alertaron sobre el riesgo de robo y tráfico de datos personales.
Durante el foro virtual “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil” organizado por la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, legisladores y especialistas coincidieron en la necesidad de frenar la utilización de teléfonos celulares para cometer delitos, pero sin vulnerar los datos personales de millones de personas.
El titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez, subrayó que tan solo el año pasado se cometieron en México más de seis millones de extorsiones y detalló que ese delito es el más frecuente en 14 entidades, mientras en el centro del país mantiene una alta incidencia.
El responsable de la Unidad Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ignacio Hernández, señaló que la delincuencia ha recurrido a los teléfonos celulares y chips de prepago, que son de costo accesible y sin registro del adquiriente, para secuestrar y extorsionar.
“Es preocupante que en un secuestro o extorsión se usen cinco o seis números telefónicos y no se tenga el registro de quién es el que controla ese chip de telefonía”, puntualizó.
Señaló que la propuesta del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil obligaría al concesionario a recabar los datos de las personas y el Ifetel tendría el control de esa información.
No obstante, el director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Gabriel Székely, sostuvo que el registro no ha funcionado ni lo hará, pues el tener uno de tipo biométrico y con huella tendría un costo de más de 21 mil millones de pesos.
El director de política pública de la Asociación Global de Sistemas Móviles de Comunicación, Lucas Gallitto, indicó a su vez que si bien no hay duda de que los delincuentes y terroristas utilizan tarjetas de prepago para mantenerse anónimos, “no hay evidencia empírica que demuestre que el registro de usuarios conduce a una reducción en la actividad delictiva”.
En su turno, el vicepresidente de asuntos externos de AT&T México, Daniel Ríos, argumentó que varios países de América Latina han decidido utilizar este registro, pero no han encontrado evidencia clara ni contundente de que impacten en la reducción de delitos como la extorsión.
“La legislación debe proteger datos personales y es necesario analizar su diseño, porque son más de cien millones de líneas y se necesita estudiar si es el mecanismo idóneo”, dijo.
El director ejecutivo de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, alertó sobre el riesgo de robo e infiltración de la base de datos, como ocurrió con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut) de 2009, que acabó a la venta en Tepito.
“La sociedad civil rechaza esta medida y la vamos a combatir, porque es inconstitucional; es una medida autoritaria no consistente con mayoría ni con gobierno actual”, remarcó.
JLMR