Diputados locales del Congreso local regresaron tal cual el veto del gobernador Jaime Rodríguez Calderón al decreto 141 del Código Penal en cuanto a las sanciones al servidor público por enriquecimiento ilícito.
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Además se regresó con algunas modificaciones otro veto de la reforma al Código Penal en el capítulo especial de “Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental” para imponer penas de prisión de uno a nueve años a quien realice, autorice, u ordene tala, desmonte o destruya árboles de bosques y/o afecte recursos forestales.
El primer decreto, el 141, fue devuelto sin modificación alguna para que entre en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
“Para los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto con motivo de alguno de los preceptos a que se contrae el mismo, se seguirán las siguientes reglas:
“Los asuntos continuarán tramitándose conforme a la descripción del tipo penal que existía al momento de la comisión de los hechos delictivos, pudiendo modificarse en su caso, sólo la denominación del tipo penal, para los efectos de la vinculación a proceso y de la eventual sentencia”, señaló la diputada independiente, Claudia Tapia.
El pasado 5 de junio del 2019, “El Bronco” vetó siete leyes, entre ellos, los decretos 145 que refiere a la Ley de Protección al Parto Humanitario; al 136 de reforma al Código Penal para delitos de medio ambiente, al 138 de reforma a la Ley de Víctimas, y 135 de reforma al Código Penal para establecer el delito de acoso sexual en el transporte urbano.
Además, el Gobierno del Estado notificó al Congreso local el veto de la Ley de Cambio Climático de Nuevo León y, por último, el decreto 141 Código Penal en cuanto a las sanciones al servidor público por enriquecimiento ilícito.
El dictamen fue analizado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, a donde se turnó para su estudio y dictamen desde el 5 de junio de 2019.
Por su parte, Francisco Cienfuegos, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso, destacó la aprobación este lunes de una reforma al Código Penal que contempla un capítulo especial de “Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental” que aborda los rubros: actividades tecnológicas y peligrosas, biodiversidad, bioseguridad y delitos contra la gestión ambiental.
Lo anterior luego de que la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, que preside el diputado Álvaro Ibarra, presentó ante el Pleno el dictamen correspondiente que, a su vez, da respuesta al veto del Ejecutivo a esta reforma que originalmente se aprobó el 14 de mayo y fue vetada el 4 de junio del presente año.
Cienfuegos destacó la importancia de esta reforma para aplicar mano dura a quienes atenten contra el medio ambiente.
“Se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa de treinta a ciento cincuenta cuotas, a quien realice, autorice, u ordene cualquiera de las siguientes conductas: tale, desmonte o destruya árboles de bosques y/o afecte recursos forestales, salvo aquellos casos que estén contemplados en los ordenamientos correspondientes y cuenten con el permiso o autorización de la autoridad competente”, expresó el priista.