Rubén de la Fuente Vélez, encargado de despacho de la Auditoria Superior del Estado (ASE) en Puebla, informó que, derivado de la situación que enfrentó el ex auditor, Francisco 'N', al menos 20 trabajadores presentaron su renuncia ante el órgano fiscalizador, pero se desconoce si estas personas eran trabajadores directos o no.
El funcionario aseveró que a pesar de todo el proceso que se tuvo por la situación de Francisco 'N', el órgano fiscalizador nunca dejó de trabajar en sus funciones, tan es así que todo transcurre con normalidad al interior de esta institución.
Del mismo modo, indicó que las observaciones que resulten de los informes de los procesos de entrega-recepción, se sumarán a la revisión que se tendrá que hacer a la cuenta pública del 2021 de todos los sujetos obligados.
Sobre el presunto daño patrimonial por el orden de 69 millones de pesos registrado en el ejercicio fiscal 2019 de la ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, aclaró que este proceso sigue en curso y será hasta que concluya cuando se haga de conocimiento al Congreso Local.
Fuentes Vélez señaló que de acuerdo a lo que marcan los procedimientos de ley, los sujetos obligados tienen en diferentes etapas la oportunidad de responder por las observaciones hechas por el órgano fiscalizador.
PRI se deslinda de las acusaciones
Por otra parte, el Comité Directivo Estatal del PRI Puebla se deslindó de la presunta participación de actores políticos emanados del tricolor, en un tema relacionado con actos de corrupción.
A través de un comunicado, el PRI se manifestó respetuoso de la libertad de expresión y de las instituciones, así como de sus determinaciones, por lo cual, en caso de existir elementos para investigar a algún personaje debe realizarse privilegiando en todo momento el Estado de Derecho.
“En el PRI asumimos de manera firme el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas”, indicó.
Cabe señalar que el pasado lunes el gobernador Miguel Barbosa dijo que desde la Auditoría Superior del Estado se encaminó una trama de “política sucia” para que el ex auditor Francisco “N”, así como políticos priistas, ejercieran vínculos de control y presión sobre distintos presidentes municipales para la aprobación de sus cuentas públicas.
Si bien, Barbosa Huerta no mencionó nombres, transcendió que los señalamientos son contra Javier Casique Zárate, quien ocupó la presidencia estatal del PRI en 2019 y 2020, además de que fungió como diputado local.
Ese periodo coincide con el tiempo en el que José Francisco “N” ocupó la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, el cual desempeñaría de 2019 a 2026. El pasado 31 de marzo, el Congreso local aprobó su destitución por encontrarse imposibilitado para ejercer sus funciones, ya que se encontraba en prisión preventiva acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se determinó que en su lugar quedara Rubén de la Fuente Vélez como encargado de despacho.
AFM