La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó someterse a una amplia reforma que concrete su transformación, al manifestar el ministro presidente, Arturo Zaldívar, que no tienen la confianza ciudadana porque pese a los cambios internos hay nepotismo, corrupción y redes internas de encubrimiento, por lo que presentarán su propuesta al Congreso para concretar una reforma de Estado y por consenso.
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El gobierno federal anunció el proyecto de reformas que remitirá al Congreso para fortalecer el Estado de Derecho y el sistema de administración y procuración de justicia, que incluyen: Código Penal Único en todo el país, después de 50 años de intentarlo; leyes generales sobre tipos penales especiales para prevenir y sancionar los delitos de alto impacto; además de reformas para someter a estados y municipios a un nuevo sistema de homologación en la impartición de justicia que incluye llevar ante la autoridad federal a las policías que incumplan el mandato constitucional.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero alertó que tan solo este año se han cometido 33 millones de delitos en todo el país, de los que sólo 2 millones hubo denuncia, lo que implica que 31 millones de víctimas no denunciaron porque no le tienen confianza a la procuración de justicia, por lo que urgió a que antes de enero, el Congreso dote de nuevas herramientas a las autoridades
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que el proyecto de revisión de las reformas estará listo en enero.
El ministro Zaldívar dijo que este es hecho histórico con el que inicia un diálogo institucional entre poderes, hacia una reforma integral en materia de justicia porque se trata de un ejercicio republicano y democrático para satisfacer las demandas sociales de justicia.
Ante los otros dos poderes, el presidente de la Corte aseguró que el Poder Judicial de la Federación ha servido a México con vocación y entrega y la Corte ha sido motor de grandes avances democráticos como órgano equilibrador en la vigencia del Estado de derecho y para la estabilidad democrática.
Sin embargo, “no ha podido ganarse la plena confianza de la ciudadanía”.
“Somos percibidos, a veces injustamente, como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado sólo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas”.
“Esto se ha debido, en gran medida, al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción que, si bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto”.
Zaldívar reconoció que el nepotismo ha dañado el sistema meritocrático en la carrera judicial “y ha producido redes de encubrimiento que, a su vez, impiden la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas”.
Para combatir esos males, el Poder Judicial de la Federación inició a principios de este año, un proceso de auto reforma centrado en los ejes de combate a las prácticas indebidas, fortalecimiento a la carrera judicial, cercanía con las personas y paridad de género, porque aspira a ser un Poder Judicial más transparente, con sensibilidad social, comprometido con la austeridad y libre de los vicios que han erosionado su legitimidad.
Sin embargo, para que esta renovación se pueda consolidar es necesaria una reforma más amplia, que provea un marco normativo sólido para darle fortaleza y continuidad.
“Estamos en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al Poder Judicial de la Federación y que lo dote de mejores herramientas para servir a la sociedad”, por lo que entregarán al Senado una propuesta de las reformas necesarias para continuar en el camino de renovación que hemos emprendido.
Ofreció que el Poder Judicial estará abierto al escrutinio y a las propuestas que abonen a la consolidación de un mejor sistema de justicia, producto de una construcción común, con pleno respeto a la división de poderes.
El ministro Arturo Zaldívar exigió que esta reforma respete el fortalecimiento de la independencia y autonomía del Poder Judicial y particularmente de la Suprema Corte.
El coordinador jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra desglosó las propuestas que remitirá el Ejecutivo, para regular, como mínimo, los tipos penales de secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes y delitos electorales.
Con información de José Antonio Belmont.
OVM