Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer la preocupación del gobierno Federal por la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la figura de prisión preventiva oficiosa lo cual daría la posibilidad de dejar en libertad a personas privadas de su libertad investigados por su probable participación en delitos de alto impacto a nivel nacional, siendo el Estado de México con más de 21 mil internos la entidad en donde tendría mayor impacto esta decisión.
A través de la conferencia matutina de este martes, la secretaria de Gobernación indicó que la SCJN en las próximas semanas propondrá invalidar el artículo 19 consitucional y con ello ordenar a las y los jueces del país dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, tras una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
“La Corte (SCJN) atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente como México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones, una obvia sería el Congreso de la Unión”, dijo.
La funcionaria explicó que el artículo 19 que se pretende invalidar establece que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad de alto impacto para la sociedad deben llevar su proceso bajo prisión preventiva oficiosa para que se garantice su comparecencia en juicio, que no haya fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos.
“Como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros”, dijo.
Agregó que esto daría la posibilidad de dejar en libertad a cerca de 68 mil internos bajo prisión preventiva oficiosa investigados por delitos de alto impacto, principalmente en el Estado de México donde hay más de 21 mil personas privadas de la libertad bajo dicha medida cautelar.
“Aquí podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión, destaca el Estado de México donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa. Pondría en riesgo primero a los testigos y a las víctimas que son las personas que los han acusado”, concluyó.
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