Adrián Alcalá, nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), consideró que es necesario dar un mayor seguimiento a las sanciones que se imponen a los funcionarios públicos que se niegan a transparentar información pública.
Recordó que el INAI aplica sanciones y amonestaciones a las personas que no son servidores públicos y que obstaculizan el cumplimiento de las resoluciones del organismo, pero que cuando se trata de servidores públicos, corresponde a las contralorías de las instituciones públicas imponer y monitorear las sanciones ordenadas.
“Ahí es donde debemos de fijar los ojos, en los órganos internos de control de los sujetos obligados, porque nosotros turnamos el expediente para efecto de que impongan las medidas de apremio o las multas que haya determinado el pleno y corresponde a esa instancia administrativa, al interior del propio sujeto obligado, ser el encargado de cumplir con esas sanciones o amonestaciones, sí considero que ahí debiéramos poner el ojo”, dijo.
En entrevista con MILENIO, el nuevo integrante del INAI celebró su incorporación a este organismo y afirmó que es necesario reforzar la capacitación de los funcionarios públicos en materia de transparencia para que entreguen más y mejor información pública a quien lo solicita.
“Es un tema de capacitación al interior de los sujetos obligados, sensibilizar la importancia de la transparencia, la capacitación es un deber y una responsabilidad que tienen que tener de manera constante y de manera permanente sin importar que los sujetos obligados hayan tomado su capacitación respectiva; hay que ir focalizando este tipo de capacitaciones para mejorar las respuestas de los sujetos obligados”, dijo.
Alcalá fue, desde 2014, secretario de Acceso a la Información dentro del propio INAI, y explicó que, a principios del próximo año, el INAI dará a conocer la evaluación que ha hecho a las instituciones públicas sobre el cumplimiento a la Ley General de Transparencia y en la que se señalará en qué áreas están fallando.
Pero a reserva de lo que resulte de esa evaluación, Alcalá consideró que es necesario explorar y quizá fortalecer los mecanismos de transparencia proactiva de las instituciones públicas, es decir, la información que se entrega sin necesidad de una solicitud de por medio, un mecanismo que, durante la pandemia, fue muy impulsado para acelerar el acceso a datos relacionados con la atención al covid-19.
“Recordemos que, a pesar de contar con un par de numerales en la Ley General de Transparencia, que habla de los mecanismos de Estado Abierto y Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, hoy ante esta situación que hemos vivido en este largo 2020, hemos aprendido que la transparencia proactiva es un mecanismo indispensable, entonces hay que fortalecer esos mecanismos y podría ser una de las mejorías que podría tener la Ley General y la ley federal en consecuencia”, afirmó.
Como parte de su plan de trabajo, el nuevo comisionado se comprometió a reforzar el cumplimiento de la Ley General de Archivos, uno de los grandes pendientes de las instituciones públicas del país, pues consideró que “sin una correcta organización de archivos o implementación de gestión documental, los derechos de acceso a la información o de protección de datos personales se pueden ver mermados o minimizados, de ahí la importancia de la gestión documental”.
Otro de sus objetivos, expuso Alcalá, es fortalecer la rendición de cuentas de los gobiernos con una participación más decidida del INAI dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Hoy estamos platicando cómo vamos a llevar a cabo la implementación de la política Nacional Anticorrupción; de ahí, la importancia de que el INAI mantenga este liderazgo que ha mantenido, como lo mantuvo al momento de la creación de los formatos de declaraciones patrimoniales, de intereses, de todos los servidores públicos que teníamos que haber presentado este año en el ámbito federal”, comentó.
Además, dijo que impulsará la inclusión de un lenguaje sencillo y accesible para los ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información para que las resoluciones del pleno del instituto sean más comprensibles.
También, el nuevo integrante del INAI planteó un acercamiento mayor de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales a niñas y niños “para que hagan propios estos derechos desde la infancia, desde la primera educación, que es la educación primaria básica, y personas o grupos vulnerables y también mujeres, para incluir la perspectiva de género en las implementaciones, acciones y políticas que lleve a cabo el Instituto”.
ledz