El sector privado de Nuevo León rechazó la propuesta de instaurar la figura de revocación de mandato al titular del Poder Ejecutivo estatal, al considerarla violatoria a los principios de certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos que lo eligieron.
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En un comunicado conjunto, el Consejo Cívico, Canaco de Monterrey, Coparmex Nuevo León, la Asociación de Hoteles de Nuevo León, Canirac y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces expresaron su desacuerdo.
En el documento pidieron que se haga un correcto análisis sobre la necesidad y conveniencia, antes de llevar a cabo la adecuación legal que se propone, sin proceder previamente a la consulta ciudadana y, sobre todo, fuera del proceso legislativo tratándose de un periodo extraordinario del Congreso del Estado.
Además, piden piso parejo para que también se extienda a alcaldes y legisladores.
“Si bien es cierto que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, esto debe ser analizado a la luz de evitar el alterar el orden público o violar los derechos de quienes sufragaron su voto y eligieron a sus gobernantes”.
Lo anterior, expresaron, debido a que podrían lesionarse los derechos de mayorías en el resultado de la elección.
“Consideramos que el porcentaje para las convocatorias en relación con las consultas populares del 33 por ciento de los integrantes del Congreso del estado es muy bajo”.
Las cámaras empresariales sostienen que la reforma viola el principio de proporcionalidad en virtud que, en poblaciones de baja densidad, un 2% del electorado registrado es sumamente fácil de obtener y así manipular las decisiones gubernamentales.
La reforma, copiando a la Ley Federal de Participación Ciudadana, utiliza el término de pérdida de la confianza, concepto muy subjetivo, pues no se establecen los supuestos o hipótesis normativas que pudieran fundar la revocación del mandato.