La presidenta municipal de Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, corre el riesgo de que se inicie un proceso de revocación de mandato en el congreso local, al existir evidencias sobre su participación en bloqueos carreteros, señaló el presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Julio Huerta Gómez.
El legislador morenista señaló que, en caso de que los habitantes de la demarcación antes mencionada presenten una solicitud en contra de la presidenta municipal para destituirla del cargo, esta será analizada por parte del Poder Legislativo, al ser un área de su competencia.
Asimismo, refirió que se tiene conocimiento de que Martínez Gerardo participó en los bloqueos que se registraron la semana pasada en la Autopista Puebla - Orizaba, lo cual abonaría en su contra.
“En relación a los temas políticos y que tienen que ver con este congreso, nosotros esperaríamos una solicitud de parte de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio de Quecholac para poder proceder con la parte que nos corresponda”, expresó.
Por este motivo, consideró importante que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes con la finalidad de fincar o deslindar responsabilidades en contra de la edil.
Huerta Gómez también calificó como “inadmisibles”, las acciones de Antonio Martínez “El Toñín” - padre de la alcaldesa y presunto líder huachicolero- al realizar amenazas en contra del secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.
El legislador morenista recordó que existen diversos señalamientos en contra de dicho personaje, reconociendo que no ha habido una oportunidad clara para que se realice su detención.
“La actitud de este personaje es inadmisible (...) pesan sobre su cráneo varias carpetas de investigación por delitos considerados graves que es del dominio público que encabeza una organización de carácter criminal”, declaró.
Asimismo, refirió que sus actividades delincuenciales se enfoca en la zona del denominado “Triángulo Rojo”, por lo que se deben de atender las denuncias en su contra.
AAC