El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, remarcó la necesidad de regular a las empresas calificadoras de riesgo, debido al impacto de sus evaluaciones y los conflictos de interés en su operación.
Remarcó la importancia de garantizar la objetividad de las calificadoras y advirtió que tarde o temprano se dará ese debate.
“Las democracias no pueden darse el lujo de no debatir, de no discutir o de no tomar decisiones en temas que atañen a las y los ciudadanos, a la economía, al combate a la corrupción, al combate del pensamiento único o tecnocrático, o a las finanzas públicas”, puntualizó.
En el análisis “Las calificadoras de riesgo: entre la técnica y la política”, publicado en su sitio de internet, Monreal señaló que las calificaciones otorgadas por las referidas firmas permiten a las instituciones estatales o privadas acceder a financiamiento.
“Ello no es un asunto menor, ya que lo que puede estar en juego es el desarrollo de los países, es decir, el bienestar de las personas. Si bien es cierto que los gobiernos a cualquier nivel deben conducirse con responsabilidad económica y transparencia en el uso de los recursos, también es verdad que los capitales se han transnacionalizado, lo cual genera una batalla importante entre los gobiernos de los distintos países por atraerlos”, acusó.
El legislador morenista recordó que en el mundo existen alrededor de 150 calificadoras, pero solo tres de ellas cuentan con 92 por ciento del mercado global: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
“La Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó recientemente, por medio de su experta independiente sobre deuda externa y derechos humanos, Yuefen Li, que las tres grandes agencias de calificación crediticia –Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings– tienen una influencia excesiva sobre las decisiones de los préstamos, condiciones e intereses de la deuda soberana de los países”, subrayó.
Monreal precisó que la dinámica de calificación supone que las empresas públicas o privadas o los Estados que busquen inversiones o préstamos en un mundo globalizado, donde el capital puede provenir de cualquier lugar, solicitan ser calificados con el fin de poseer una buena nota de solvencia.
“De esta manera, dichas empresas o Estados brindan la información financiera a las calificadoras, las cuales examinan esos datos y emiten su nota. Ello ha dado lugar a críticas negativas hacia las calificadoras por el hecho de que puede existir conflicto de intereses entre éstas y sus clientes ya que si, por ejemplo, los calificaran mal, éstos no volverán a requerir de sus servicios de calificación”, advirtió.
JLMR