El anuncio de un decreto presidencial para la liberación de reos no sentenciados, torturados y adultos mayores acercó a la puerta de salida a 12 mil 358 presos del delitos Fuero Federal, pero también la población en los centros penitenciarios que han denunciado haber sido víctimas de tortura o a figuras políticas como Rosario Robles, que tiene ya 65 años y se ha declarado como población en riesgo.
Aunque todavía no se sabe cuántos presos cumplirían con los requisitos referidos para obtener la libertad, de acuerdo con lo anunciado, el decreto beneficiaría a prisioneros del fuero federal que no hayan recibido sentencia después de 10 años, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves y que no estén acusados por delitos de sangre.
En principio, podría resultar beneficiado Israel Vallarta, detenido en diciembre de 2005 durante un operativo de la otrora Agencia Federal de Investigación (AFI), acusado de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiaco, quien se encuentra preso sin que haya sido procesado. Aunque aun le restaría una causa penal ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México.
Un caso similar es el de Brenda Quevedo, detenida en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace. Lleva 14 años en prisión sin una sentencia y ha denunciado haber sufrido tortura –incluso sexual– por autoridades del Estado mexicano para supuestamente declararse culpable.
A pesar de que, el decreto beneficiaría a la población de Sistema Penitenciario Federal, de acuerdo con censo 2020 elaborado por el INEGI, el 4.8 por ciento de los reos en México han presentado denuncias por tortura o maltrato, por lo que representaría una vía posible de liberación.
En este caso, se determinaría que aquel que alegue malos tratos, y pueda corroborarlo con el llamado protocolo de Estambul, también podría ser excarcelado. Sin embargo, el Protocolo de Estambul ha sido requerido incluso para narcotraficantes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien luego de su captura en 2016 fue sometido a dicha prueba en la que presentó signos físicos y síntomas que demostraron que fue sometido a malos tratos durante su estancia carcelaria, presentando “trastorno de ansiedad generalizada”.
Otro caso emblemático está en las 78 personas implicadas en el caso Ayotzinapa, luego de que se comprobaran fallas en el debido proceso como tortura, detenciones ilegales y fabricación de pruebas, entre ellos, varios integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos. En su momento, se detectaron 29 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación; 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular; 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición; 6 casos de violación al derecho a la defensa adecuada; y 1 caso de incomunicación.
Con este contexto, apenas el pasado 12 de julio, luego de que un juez federal dictara auto de formal prisión en contra del ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, la familia Vallarta solicitó la realización de dichas pruebas para corroborar que hubo actos de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y de su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados.
De igual forma, apenas en diciembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, por actos de tortura cometidos por personal militar contra un integrante del Ejército mexicano, actualmente recluido en Nayarit, relacionada con hechos ocurridos en 2010, en la que a través de dicho protocolo se presentaron actos de tortura “física, psicológica y sexual”, acusado de trabajar para el cártel de la Familia Michoacana.
Otro caso es el de Bernardo Xavier Cabrera Moreno, preso en el penal de Chilpancingo, acusado del homicidio de Morelos Vargas Gómez y de robo en agravio Florencio Salazar Adame, actual secretario de Gobierno de Guerrero, y “obligado a firmar su declaración ministerial bajo tortura”.
Y en el caso de otorgar prisión domiciliaria para personas adultas mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, así como mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas, podría ser incluida la ex titular de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, recluida en Santa Martha Acatitla sin una sentencia. Sus abogados ya incluso han argumentado que se encuentra enferma y valdría otorgarle prisión domiciliaria, por ser parte de una población de riesgo.
ledz