Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), heredó una coladera de irregularidades y desvíos de recursos públicos por más de 450 millones de pesos, solo en alimentación, higiene y traslados de migrantes, así como en vigilancia y mantenimiento de estaciones y estancias migratorias.
En el país existen 35 estaciones en 26 estados para cuatro mil 300 migrantes de forma simultánea, además de 348 estancias provisionales. Año con año, la Auditoría Superior de la Federación (AFS) ha reportado las irregularidades que cometidas con el dinero destinado a indocumentados sin que se corrijan con la llegada de un nuevo titular.
Garduño, quien heredó una estela de corrupción, tampoco le salen las cuentas. Solo en 2020, la ASF encontró pagos injustificados por 143.3 millones de pesos en su auditoría a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que practicó al instituto, y al menos 2.3 millones de pesos por pagos indebidos en el servicio de alimentos para los migrantes.
El INM otorgó por adjudicación directa a Tecnología en Sistemas de Apoyo un contrato por 53 millones de pesos (CS/INM/135/2019) para el “Servicio administrado de seguridad informática y monitoreo de red (SNOC)”, a fin de proteger su información; el supuesto escudo no detuvo el ataque de abril de 2020 que afectó equipos, usuarios y la disponibilidad de sus datos, razón por la que la ASF emitió un pliego de observación —como se le llama a los probables desfalcos al erario— por ese monto.
Según el contrato CS/INM/136/2019 destinado al “Arrendamiento de equipo informático de escritorio”, la empresa Comercializadora Antsua cobró 107.7 millones de pesos por un mes, del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, ampliando al 31 de marzo de 2020. El proveedor otorgó los equipos por 65 millones de pesos, sin prestar más servicios. La ASF clasificó 42.7 millones de pesos (restantes) como probable desfalco, ya que los requisitos del contrato por 30 días “justificaban una adquisición y no un arrendamiento”.
Otro pago injustificado se dio en el contrato CS/INM/083/2020 para el “Servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria”. La empresa Nemecisco recibió por adjudicación directa el contrato CS/INM/083/2020 por 81.1 millones de pesos cuando en realidad los insumos ascendían a 8.5 millones de pesos, sin tener costos adicionales. La ASF determinó que hubo un beneficio económico no justificado por 72.6 millones de pesos: 23.1 millones de pesos en 2020 y 49.4 millones de la Cuenta Pública 2021.
La Auditoría Superior señaló que no se analizó la conveniencia de esa adquisición y solo se consideró “el servicio”. Además, Nemecisco distribuyó parte de los recursos recibidos a empresas ubicadas en Estados Unidos, Suiza, Panamá e Israel.
Según el Registro Público del Comercio, Comercializadora Antsua fue constituida en Tlalnepantla, Edomex, en 2017, y pertenece a Omar Guadalupe Ramírez Carrillo y Armando Tapia García, mientras que Nemecisco fue creada en marzo de 2018, en CdMx, y sus socios son Mayra Fernández Martínez y Marcela García López. Ambas tenían al mismo apoderado legal: Marco Antonio Suárez Cedillo.
Además, en 2019, la Auditoría emitió un pliego de observación por alimentos. Escore Alimentos ganó un contrato por 119 millones de pesos para proveer de comida en estaciones del centro, sur y suroeste del país, el más alto en la historia del INM por ese concepto, sin embargo, el análisis de las comandas reveló que otras empresas se hicieron cargo del servicio en Sonora, Yucatán, Puebla, Chihuahua y Michoacán, por un monto de 2.3 millones de pesos. Migración otorgó dos contratos más a la misma compañía por el mismo servicio y por adjudicación directa.
Escore México o Escore Alimentos –como viene en el contrato– fue inhabilitada por la Secretaría de Función Pública dos años y medio y multada con un millón 540 mil pesos en diciembre de 2019, aunque siguió participando con otros nombres.
La alimentación para migrantes es rubro en el que más recursos se “pierden”: 184.6 millones de pesos, seguido por el traslado de migrantes con 129.8 millones de pesos, el mantenimiento a inmuebles, 95.2 millones de pesos, y los servicios de vigilancia, 47.6 millones de pesos, de acuerdo con las auditorías disponibles de 2015, 2017 y 2018.
En 2015 aplicó la auditoría financiera y de cumplimiento a las Contrataciones y Adquisiciones para la Prestación de Servicios Migratorios (16-GB), de una muestra de 953 millones de pesos (22.9% del universo) hallaron irregularidades por 317.6 millones de pesos, es decir, en una tercera parte de la muestra. Fueron 178 millones de pesos por concepto de alimentos para las personas migrantes.
Y no es que coman bien. En Puebla, en la cena del 18 de enero de 2015 se encontró un gusano en la guarnición de un platillo; en la comida del 17 de febrero se detectó que el pollo estaba crudo por lo que los migrantes tiraron la comida. En Oaxaca, el delegado denunció que el proveedor incumplió con la calidad, la cantidad de las raciones y los complementos como granola, miel o mermelada. Solicitó deducciones por 15.3 millones de pesos, pero el director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Inami sólo invitó al proveedor a corregir la situación.
De 974 facturas revisadas en el Sistema de Recursos Financieros a las 32 entidades, 149 facturas, por 78.7 millones de pesos, no contaban con las comandas y 129 facturas, por 77 millones de pesos, no tenían los oficios de entera satisfacción. Al no subsanar las observaciones, la ASF clasificó como posible desfalco a 155.9 millones de pesos. La anomalía se encontró en la auditoría de 2017. En nueve contratos no estaban las comandas por 2.8 millones de pesos. Esto entre otras muchas irregularidades.
No se entregan kits de higiene ni pasajes
La práctica sistemática en el Inami es la falta de documentos comprobatorios que permitan corroborar la fecha, la cantidad y la calidad de los servicios prestados en los servicios de alimentación, higiene y el traslado de las personas migrantes a sus lugares de origen.
En 2016 la ASF observó 1.2 millones de pesos por la falta de documentación que acreditara la entrega de 15,000 kits de enseres básicos de aseo personal a los migrantes, por 75.50 pesos más IVA. Contenía desodorante, cepillo y crema dental, gel antibacterial, peine, un par de agujetas y jabón. No pensaron en toallas sanitarias ni pañales para bebé.
Por irregularidades en los pasajes y traslados de los migrantes, la ASF ha emitido cinco pliegos de observación por 129 millones de pesos.
En la partida para "Pasajes aéreos internacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional", de 3,151 facturas revisadas, 103 de ellas por 2.1 millones de pesos, no tenían los oficios de aceptación del servicio de los delegados federales. De la partida para los “Gastos por servicios de traslado de personas”, se seleccionaron 318 facturas por 49. 2 millones de pesos y en 103 casos, por 46.7 millones, no se contó con el oficio de solicitud de pago, y 200 casos no contaron con el Anexo 1-A, "Hoja de cumplimiento del servicio de transporte vía terrestre de migrantes presentados ante el Instituto Nacional de Migración”, con el que se verifica que el servicio se prestó correctamente. En ocho casos el Anexo 1-A no contó con la firma del responsable.
Respecto a los traslados terrestres internacionales realizados por las delegaciones de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Veracruz principalmente a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, de 200 facturas revisadas, 183 no contaron con el Anexo 1- A, por lo que se emitió un pliego por 72.4 millones de pesos.
En 2017, hubo dos pliegos de observación por 1.7 millones y 6.1 millones de pesos. El precio unitario pactado en el contrato CS/INM/011/2017 fue de 54,190 pesos y se pagó en 60,998 pesos. En el segundo caso, se cambió de ruta en el traslado de los migrantes vía terrestre, sin autorización ni justificación.
Otras irregularidades fueron la falta de exámenes médicos y toxicológicos de los conductores que trasladarían a los migrantes, y traslados en camionetas del Instituto y no en los vehículos de los proveedores, en Quintana Roo.
Faltas en el mantenimiento de inmuebles
En 2018 la Auditoría revisó seis contratos por 107.1 millones de pesos y hallaron irregularidades en cinco de ellos por 92 millones de pesos. Estos eran para el mantenimiento y conservación de inmuebles en Ciudad de México, el Sector Central, las estancias migratorias Zona Norte, estaciones fronterizas y por Cuotas de Mantenimiento en arrendamientos.
Excepto el Sector Central y Cuotas de Mantenimiento, en el resto no entregaron informes mensuales de la administración y seguimiento de los trabajos, por lo que la ASF emitió un pliego de observaciones por 86 millones de pesos.
No se entregó la documentación que acreditara los trabajos en San Luis Potosí, Baja California y Veracruz, por 3.9, 1.02 y 1.8 millones de pesos, respectivamente. Otro pliego fue por trabajos inconclusos en Baja California, Colima, Durango, por un total de 2.4 millones. En San Luis Potosí los trabajos de pintura, fachada e impermeabilización quedaron al 40, 20 y 10 por ciento de lo contratado.
El contrato del Sector Central y la delegación de la Ciudad de México fue una licitación nacional, pero no entregaron evidencia de la publicación de las convocatorias en CompraNet, ni de las juntas de aclaración, y carecieron de fecha las propuestas técnicas y económicas. Declararon desierto el proceso y fue por adjudicación directa, sin someterlo al Comité de Adquisiciones.
En las adjudicaciones directas, bajo el argumento de riesgo para la seguridad nacional, los responsables del Instituto no buscaron a los proveedores en la base de datos del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, ni justificaron la excepción a la licitación.
Fantasmales Servicios de Vigilancia
En 2018 la ASF revisó 263.4 millones de pesos de la partida 33801 “Servicios de Vigilancia”, equivalente al 66.6% del monto total. Emitió dos pliegos de observación por 47 millones de pesos.
La ASF revisó 23 contratos y 11 convenios modificatorios para los inmuebles de Guerrero, Jalisco, Sonora, Aguascalientes, México, Sector Central, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Puebla y Querétaro. Veinte contratos fueron adjudicados a una sola empresa: Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco; dos contratos ra Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM), en Sonora y Chihuahua –ambas empresas, organismo auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México–, y uno a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
Un pliego de observación, por 20.8 millones de pesos, se debió a que el pago de 5,244 guardias no correspondió con las listas de asistencia de los elementos en Jalisco, Sonora, Veracruz, Chihuahua y Sector Central, y la falta de facturas por 15.9 millones de pesos. El otro pliego fue por 27.6 millones de pesos por la falta de comprobación de los servicios prestados en septiembre de 2017 y de 2018, como informes de seguimiento y administración, las listas de asistencia o fatigas de los elementos, por 10.7 millones y 16.9 millones, respectivamente.
Además, no justificaron la adjudicación y no entregaron acta constitutiva del proveedor, no entregaron permisos de portación de armas y certificaciones del personal. Los contratos ni siquiera establecían si los elementos portarían arma, tolete, radio, teléfono, lámpara y uniforme.
Con estos datos históricos se evidencia que la actual administración de Garduño Yáñez al frente del Instituto Nacional de Migración tenía todo un reto en vista de las graves irregularidades en lo financiero y en los controles de calidad y de seguridad de las anteriores gestiones. Sin embargo, es un hecho que el comisionado designado por el gobierno en curso tampoco logró la eficiencia y la aplicación precisa del presupuesto que se designa para llevar a cabo la tarea de dar cobijo y las mínimas garantías a miles de personas migrantes.
Acuerdan coordinación
Tras un encuentro entre el comisionado del INM y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acordaron una nueva coordinación para tratar el flujo de indocumentados en la entidad y en particular de Ciudad Juárez, donde miles de extranjeros esperan poder de cruzar a Estados Unidos.
“A partir de mañana (hoy) estaremos reuniéndonos con áreas operativas para poder dar atención a esta migración irregular”, explicó la Coordinación de Oficinas de Representación del INM.
Previo a la audiencia de Garduño Yáñez, su abogado Rodolfo Pérez Velázquez aseguró en MILENIO Televisión que la prórroga en este proceso se debió al “cotejo” de la información de las carpetas de investigación y acusó que el video sobre la tragedia en el centro del INM ”no corresponde a lo que sucedió ese día”.
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