Al inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal, pero ahora está dispuesto a apoyar un cambio, siempre y cuando los gobernadores se pongan de acuerdo. El senador Samuel García ha sido uno de los principales promotores del nuevo pacto, bajo el argumento de que los estados que más aportan son los que menos reciben de la Federación.
Desde 2016, cuando publicó su libro Federalismo Fiscal en México, García Sepúlveda ha insistido, una y otra vez, que en nuestro país no se reparte justamente el dinero público. No había llegado el momento adecuado para esa discusión, hasta que la pandemia de covid-19 hizo ver a los estados que no podían garantizar los servicios de salud con sus propios recursos.
“Por mucho tiempo, cinco o seis estados muy poblados eran los ganones. Era imposible pensar que, de manera aislada, Nuevo León o Jalisco fueran a tener la fuerza en el Congreso para cambiar la ley. Pero en los últimos dos sexenios, hubo un fenómeno social, donde la población que vivía en zonas rurales emigró a las grandes metrópolis.
“Muchos estados muy poblados perdieron gente, sobre todo en el centro y sur. Muchas personas llegaron a vivir a Guadalajara, Monterrey, Torreón, Chihuahua, Tijuana, etcétera. Por primera vez, los estados afectados por el pacto fiscal son mayoría y tienen los votos suficientes para cambiar el convenio”, asegura Samuel.
Para el "senatore", cambiar el pacto ahora es más fácil, ya que la mayoría de los estados están perjudicados. “El juego o la receta no es estirar la colcha, es ampliar el pastel, con reformas como las que ya logramos: ir por los factureros, combate al outsourcing, ampliar la base gravable, etcétera. Una vez que amplías la colcha, se tiene que plantear un verdadero federalismo, y ése no es quitarle a Chiapas o a Guerrero; yo parto de la base de que lo dado dado”.
La Federación se queda el 80 por ciento de los recursos, el 20 por ciento restante lo reparte a los estados y los estados entregan el 20 por ciento de su 20 por ciento a los municipios. Es decir, los municipios, quienes tienen que garantizar los servicios públicos, solo tienen el 4 por ciento de la hacienda federal. “Es un piscacha”, lamenta.
“Este presidencialismo a ultranza, donde solo una persona controla el 80 por ciento del dinero, es injustificado. No debería ser así, porque los municipios son
los que tienen las tareas más apremiantes, más directas con la ciudadanía. Mi propuesta es que, así como debe subir el dinero a los estados, también debe subir a los municipios, que lleguemos a un 60, 30, 10; en el peor escenario, a un punto medio: 70, 23, 7”, explica.
Sin embargo, López Obrador ya ha dejado claro, que el Ejecutivo no tiene intención de soltar ese 80 por ciento, por lo menos por ahora, ya que ha comprometido ese recurso para hacer funcionar los programas federales. “Yo difiero del presidente. Somos un país con vocación federal, pero en los hechos somos centralistas. Hay un grave problema de orden. La Federación ha ido comiéndose muchas tareas de los estados; recordemos que tenemos una Constitución como la de Estados Unidos, que establece que todo lo que no es federal es estatal.
“Los presidentes tienen todo el dinero, en lugar de repartirlo para que los estados puedan cumplir sus tareas de salud, seguridad, medio ambiente, movilidad. La Federación tiene el dinero y hace la tarea. Eso es muy malo y perverso, porque, en un país tan grande como México, y tan diferente, es imposible que una sola persona resuelva todos los problemas”, dice.
Para eso se crearon los estados y municipios, para que la Federación se concentre en lo macro. “Hoy Nuevo León tiene un grave problema de movilidad, de medio ambiente, de basura, porque pone mucho y le regresan muy poco, pero el Centro no nos resuelve nuestras broncas. Es imposible creer que el estado va a salir adelante si le pone al país 460 mil millones y nos regresan el 17 por ciento”.
A raíz del consentimiento del presidente para cambiar el pacto, García ya se puso de acuerdo con la Junta de Coordinación Política del Senado. La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, que Samuel preside, será una de las comisiones integradoras de la Comisión Nacional Hacendaria. “Ojalá que este periodo tengamos la prudencia de hacer acuerdos que se traduzcan en un Paquete 2021 verdaderamente consensuado y federalista”, concluye.
¿Moches en el Senado?
En sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, señaló a exsenadores de haber exigido y recibido ‘moches’ para aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto. Ante estas acusaciones, surge la pregunta: ¿existen todavía esas prácticas en el Senado? Al respecto, Samuel responde: “Te soy franco, yo nunca las he visto; no me he percatado, ni directa ni indirectamente de que se compren voluntades con dinero.
“Estoy hablando del Senado de la República. Sí me tocó verlo como diputado en Nuevo León. Yo mismo lo denuncié en las prebendas que dieron los cacineros para quitar el impuesto. Vómito negro, tuvieron que devolver el dinero y el impuesto salió. También los restauranteros quisieron comprar voluntades en el PRI y el PAN con la Ley Antitabaco. No soy ingenuo, sé que pasa, sé que existe; lo vi en el Congreso local, mas no lo he visto en el Senado. Y no lo he visto, quizá, porque Morena tiene la mayoría, no ocupa comprar voluntades”, revela.